06/08/2026 04:47 - General
Para entender la magnitud de esta noticia, es clave saber que en Argentina existe una gran cantidad de dinero en dólares físicos que se guarda fuera del sistema bancario, conocido popularmente como 'bajo el colchón'. Con el objetivo de integrar estos ahorros a la economía formal, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaría este 22 de julio de 2026 la nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que sería enviada a la Cámara de Diputados, prometería facilitar la regularización de fondos sin penalizar a quienes decidan declararlos.
Según cálculos oficiales que surgirían del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el país existirían aproximadamente USD 170.000 millones que no se encontrarían bancarizados. La nueva ley de Inocencia Fiscal buscaría que estos fondos se incorporen al circuito formal, permitiendo que bancos y Agentes de Liquidación y Comprensión (ALyCs) pudieran destinarlos para financiar proyectos de infraestructura, pymes y emprendimientos productivos, tal como destacaría el propio Caputo en conferencias previas.
Tras escuchar las sugerencias de contadores y tributaristas, el Ejecutivo introduciría modificaciones sustanciales para brindar mayor seguridad jurídica y ampliar el universo de contribuyentes que podrían adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) administrado por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero):
Se eliminarían los límites de ingresos y patrimonio que la versión anterior fijaba en $1.000 millones y $10.000 millones (pesos argentinos), respectivamente. Esto permitiría incluir a un universo más amplio de personas físicas y jurídicas.
Se establecería un umbral mínimo del 5% del monto objetivo de evasión simple para considerar una 'discrepancia significativa', lo que aportaría mayor claridad sobre los efectos tributarios del blanqueo.
Frente al debate generado tras la adhesión de funcionarios públicos al régimen, tributaristas como Sebastián Domínguez propondrían la exclusión razonable de las PEP de ciertos beneficios como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago.
Los contribuyentes podrían rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen, siempre que regularicen su situación, otorgando así más previsibilidad al sistema.
El anuncio de esta nueva versión llegaría en un contexto de ajustes en los vencimientos fiscales. Si bien se mantendría la fecha de pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio de 2026, el Gobierno resolvería prorrogar hasta el 27 de agosto de 2026 el plazo para presentar las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025. Además, el primer anticipo sería reprogramado para septiembre.
El Ejecutivo apostaría a que la Cámara de Diputados apruebe esta versión mejorada antes del 27 de agosto, permitiendo que los contribuyentes accedan en tiempo y forma a los beneficios de esta nueva oportunidad de regularización.
Alfredo S. Quiroga
