La Justicia argentina investiga un posible esquema de extorsión a empleados de PAMI y Anses, donde se les habría exigido ceder parte de sus salarios. Además, denuncias apuntan a pedidos de aportes para financiar campañas políticas y firmas ilegales, involucrando a figuras vinculadas a La Libertad Avanza. Un caso que sacude a las instituciones públicas.
Un escándalo de proporciones sacude a dos de las instituciones más importantes del sistema de seguridad social en Argentina: el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La Justicia Federal ha iniciado una investigación para determinar si existió un esquema de extorsión contra empleados de ambas entidades, a quienes se les habría exigido entregar un porcentaje de sus salarios bajo presión. Este caso, que ha generado una ola de denuncias y declaraciones públicas, también incluye acusaciones de pedidos de coimas, firmas de documentos ilegales y aportes forzados para financiar actividades políticas.
Según las primeras informaciones, el modus operandi consistía en presionar a trabajadores para que cedieran una parte de sus ingresos, presuntamente como ‘retornos’ a superiores o para otros fines. Además, una exfuncionaria del PAMI, Viviana Aguirre, quien también es diputada suplente por La Libertad Avanza (LLA), reveló haber sido objeto de pedidos de coimas y obligada a firmar papeles de dudosa legalidad. Aguirre denunció públicamente que estas prácticas no solo afectaban a nivel individual, sino que también se habrían extendido a varias provincias, donde se solicitaban aportes económicos para financiar actividades relacionadas con el partido político LLA, liderado por Javier Milei.
El PAMI, que atiende a más de 5 millones de afiliados, principalmente jubilados y pensionados, y la Anses, encargada de gestionar las prestaciones sociales de millones de argentinos, son pilares fundamentales del sistema de protección social del país. Por ello, estas acusaciones han generado una profunda preocupación en la opinión pública y entre los propios beneficiarios, quienes temen que este tipo de irregularidades pueda comprometer la calidad de los servicios que reciben. Según datos oficiales, el PAMI maneja un presupuesto anual de miles de millones de pesos, mientras que la Anses administra fondos clave para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales.
Las denuncias también apuntan a un supuesto uso indebido de recursos públicos y a una red de influencias que habría operado dentro de estas instituciones. Aunque las investigaciones están en una etapa inicial, los testimonios y pruebas presentados hasta el momento han llevado a la Justicia a profundizar en el caso, con citaciones a declarar y análisis de documentación. Desde el ámbito político, diversos sectores han exigido claridad y sanciones ejemplares en caso de confirmarse las irregularidades.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad de las instituciones involucradas, sino que también abre un debate sobre la transparencia en la gestión pública y la necesidad de controles más estrictos para evitar abusos de poder. Mientras tanto, la sociedad espera respuestas concretas y acciones que garanticen que los recursos destinados a los sectores más vulnerables no sean desviados para intereses particulares o partidarios. La investigación continúa su curso, y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre los responsables y las consecuencias de este caso.
