Israel ha aprobado un controversial plan para tomar el control total de la Franja de Gaza, lo que incluye una ocupación prolongada y una ofensiva militar intensiva. Con miles de reservistas convocados y anuncios de desplazamiento de la población local, la situación en la región se agrava, generando preocupación internacional por las consecuencias humanitarias y políticas.
El gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dado luz verde a un nuevo plan que busca establecer control total sobre la Franja de Gaza, un territorio palestino de aproximadamente 365 km² donde viven más de 2 millones de personas en condiciones de extrema densidad poblacional. Este plan, que incluye una ocupación indefinida de los territorios tomados, ha sido calificado por Netanyahu como una operación “intensiva” destinada a garantizar la seguridad del Estado israelí frente a las amenazas provenientes de grupos armados en Gaza, como Hamás.
El anuncio llega en un contexto de tensiones históricas en la región, que se han intensificado desde el conflicto de octubre de 2023, cuando un ataque de Hamás contra Israel desencadenó una respuesta militar masiva. Desde entonces, según datos de la ONU, más de 40,000 personas han perdido la vida en Gaza, la mayoría civiles, y cerca de 1.9 millones han sido desplazados internamente debido a los bombardeos y las operaciones terrestres. Ahora, con este nuevo plan, Israel ha convocado a decenas de miles de reservistas del ejército, lo que indica una escalada en la preparación de una ofensiva militar de gran envergadura.
Netanyahu ha señalado que el objetivo no es solo neutralizar amenazas, sino también reconfigurar el control sobre Gaza, afirmando que las fuerzas israelíes “están ocupando para quedarse”. Esta declaración ha generado críticas internacionales, especialmente por las implicaciones humanitarias de un desplazamiento forzado de la población gazatí, que ya enfrenta una crisis de acceso a alimentos, agua y atención médica. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que una ocupación prolongada podría violar el derecho internacional y exacerbar el sufrimiento de los civiles.
La Franja de Gaza ha estado bajo bloqueo por parte de Israel y Egipto desde 2007, tras la toma del poder por parte de Hamás, lo que ha limitado severamente el movimiento de personas y bienes. Este nuevo plan de control total podría significar un cambio drástico en la dinámica de la región, afectando no solo a los habitantes de Gaza, sino también a las relaciones diplomáticas con países vecinos y la comunidad internacional. La Unión Europea y Naciones Unidas han instado a un cese de hostilidades y a priorizar el diálogo para evitar una catástrofe humanitaria mayor.
Mientras tanto, en Israel, el gobierno enfrenta presiones internas tanto de sectores que apoyan una línea dura contra Gaza como de grupos que piden soluciones pacíficas. La incertidumbre sobre el futuro de la región crece, y el impacto de esta decisión podría resonar durante años, no solo en términos de seguridad, sino también en la búsqueda de una coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos. El mundo observa con preocupación los próximos pasos en este conflicto de larga data.
