El Gobierno nacional anunció una profunda reforma de la Policía Federal, priorizando la investigación de delitos complejos con inspiración en el FBI y la implementación de nuevas tecnologías como el ciberpatrullaje. La iniciativa, impulsada por la Ministra de Seguridad, generó debate por la autorización de requisas sin orden judicial.
Reforma integral de la Policía Federal Argentina
El Gobierno argentino oficializó una serie de reformas en la Policía Federal Argentina (PFA) el 17 de junio de 2025, con el objetivo declarado de modernizar la fuerza y optimizar su eficiencia en la lucha contra el delito. La reforma se centra en la investigación de delitos complejos, inspirándose en modelos como el del FBI, y en la incorporación de nuevas tecnologías.
Ciberpatrullaje y requisas: un debate necesario
Entre las medidas más destacadas se encuentra la autorización del ciberpatrullaje y la posibilidad de realizar requisas sin orden judicial, bajo ciertas circunstancias. Esta medida, impulsada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha generado controversia, debatiéndose sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos individuales. La implementación de estas nuevas herramientas tecnológicas busca fortalecer la capacidad de la fuerza para combatir la delincuencia digital y el crimen organizado.
Nuevo enfoque en la PFA: Delitos complejos
La reforma redefine el rol de la PFA, concentrando sus recursos en la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado. Se busca una mayor especialización y capacitación del personal policial, con el objetivo de mejorar la eficacia de las investigaciones y el esclarecimiento de los casos. Esta reestructuración implica un cambio en las prioridades de la fuerza, dejando de lado la atención de delitos menores para enfocarse en amenazas más significativas para la seguridad nacional.
Transparencia y modernización
El Gobierno sostiene que la reforma apunta a una mayor transparencia y modernización de la PFA, mejorando la relación con la comunidad y fortaleciendo el estado de derecho. Si bien se carece de datos específicos sobre el presupuesto asignado a la reforma, se espera que la inversión en tecnología y capacitación contribuya a una mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el crimen.
