El jueves 31 de noviembre de 2025 la justicia ejecutó un allanamiento en la sede de la financiera cercana al dirigente deportivo “Chiqui” Tapia, congeló todas sus cuentas y autorizó la incautación del teléfono celular de Javier Vallejo, mientras se investiga el vínculo con cuatro monotributistas que movieron 120.000 millones de pesos.
Operativo policial y judicial
En la madrugada del 31 de noviembre de 2025 equipos de la Fiscalía Federal y fuerzas de seguridad ingresaron a la oficina de la entidad financiera que mantiene estrechos lazos con Javier “Chiqui” Tapia, presidente del Club Atlético Huracán y exdiputado. El allanamiento tuvo como objetivo principal la obtención de evidencia sobre presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
Congelamiento de cuentas
De inmediato, el juez a cargo del caso dictó la medida de congelamiento total de las cuentas bancarias de la financiera, lo que impide cualquier movimiento de fondos mientras se profundiza la investigación. La medida afecta tanto a cuentas corrientes como a inversiones de la empresa.
Orden de secuestro del celular de Vallejo
Como parte del levantamiento de información, el tribunal autorizó el secuestro del celular de Javier Vallejo, administrador de la financiera y presunto responsable de canalizar fondos hacia terceros. Según fuentes judiciales, el dispositivo contiene conversaciones y documentos que pueden esclarecer la red de operaciones.
Vínculo con monotributistas y montos involucrados
Investigaciones paralelas revelaron que cuatro contribuyentes bajo el régimen de monotributo habrían movilizado cerca de 120.000 millones de pesos a través de la financiera. Los fondos, según la fiscalía, podrían estar destinados a financiar actividades deportivas y personales del dirigente.
Implicaciones para el fútbol argentino
El caso ha puesto bajo la lupa a varios clubes del fútbol nacional, ya que la misma entidad, conocida como Sur Finanzas, habría gestionado anticipos de derechos televisivos, como el adelanto de 300 millones de pesos a San Lorenzo. La AFA y la opinión pública siguen de cerca la investigación para determinar posibles irregularidades en la distribución de recursos deportivos.
Próximos pasos
El proceso judicial sigue abierto y se esperan nuevas diligencias para ampliar el alcance de la investigación. La fiscalía ha solicitado cooperación de bancos y de la AFIP para rastrear la procedencia y destino final de los recursos.