El 2 de enero de 2026, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo argentino modificó la Ley 25.520 y reorganizó el Sistema de Inteligencia Nacional, creando la Agencia Nacional de Contrainteligencia, separando ciberseguridad y redefiniendo atribuciones de la SIDE.

Contexto del decreto

En el primer Boletín Oficial del año, publicado el 02 de enero de 2026 a las 08:04 hs, el gobierno de Javier?Milei aprobó un DNU que reforma la Ley 25.520, conocida como la Ley de la SIDE. El objetivo declarado es modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), clarificar roles institucionales y fortalecer los mecanismos de control.

Principales cambios estructurales

• Creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANCI): sustituye a la extinta Agencia de Seguridad Nacional y tendrá la misión de prevenir espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que amenacen la Constitución o los intereses estratégicos.
• Separación de ciberseguridad e inteligencia digital: se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la antigua Agencia Federal de Ciberseguridad se reconvierte en Agencia Federal de Ciberinteligencia, integrada a la SIDE y enfocada exclusivamente al ciberespacio.
• Disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar: toda la inteligencia estratégica militar quedará bajo la autoridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
• Unificación de funciones de la SIDE: la SIDE asume el control directo del Sistema de Inteligencia Nacional, aprobando presupuestos (incluidos los gastos reservados) y requiriendo información a organismos federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
• Creación de dos ámbitos de coordinación:
  • Comunidad de Inteligencia Nacional, compuesta por organismos de inteligencia, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Comunidad Informativa Nacional, que agrupa a Migraciones, Renaper, Aduanas, Cancillería y áreas vinculadas a energía, nuclear y espacio.

Actividades “encubiertas” y facultades de detención

El decreto clasifica todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, argumentando la necesidad de proteger información sensible y reducir riesgos estratégicos. Además, autoriza a los agentes de inteligencia a “aprehender” personas en tres supuestos: (i) durante el desarrollo de operaciones de inteligencia, (ii) por auxilio judicial o requerimiento judicial, y (iii) en delito flagrante. La aprehensión tiene como único fin proteger al personal y a la operación; en caso de requerir intervención policial, se activará inmediatamente a las fuerzas de seguridad.

Reacciones de la oposición

El peronismo ya empezó a gestar la reversión del DNU. Según La Política Online (02?/?01?/?2026), diputados como Germán Martínez y Lorena?Pokoik presentaron notas formales para exigir la constitución de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, que podrían dictaminar de oficio el decreto una vez transcurridos diez días de su publicación. La oposición argumenta que la norma otorga a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con la división de poderes y el principio republicano.

Perspectivas

El Ejecutivo sostiene que la reforma moderniza y legitima el sistema, lo separa de funciones policiales y lo adecúa a amenazas contemporáneas con mayores controles y transparencia. La discusión parlamentaria y la posible acción judicial seguirán definiendo el alcance práctico de estos cambios.