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01/01/2026 14:08 • POLITICA • POLITICA
En 1 de enero de 2026, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, promulgó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reformula integralmente el marco institucional de la inteligencia. El texto, firmado por todo el Gabinete de Ministros, otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) la autoridad central para controlar los flujos de información estratégica del país.
El decreto permite a los agentes de la SIDE aprehender personas en situaciones de flagrancia o bajo requerimiento judicial, con la obligación de notificar de inmediato a las fuerzas policiales tradicionales. Esta medida busca una respuesta más ágil ante amenazas críticas y se enmarca dentro del objetivo de “blindar” la acción estatal.
El DNU disuelve áreas tradicionales y crea organismos con enfoque tecnológico y operativo moderno:
| Organismo anterior | Nueva denominación | Función clave |
|---|---|---|
| Agencia de Seguridad Nacional | Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) | Prevención de infiltración y sabotaje |
| Agencia Federal de Ciberseguridad | Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) | Operaciones en el ámbito digital |
| División de Asuntos Internos | Inspectoría General de Inteligencia (IGI) | Fiscalización del sistema |
Además, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), dependiente de la Jefatura de Gabinete, responsable de proteger la infraestructura tecnológica esencial y los servicios públicos ante ciberataques de escala nacional.
El decreto establece que todas las operaciones de inteligencia nacional son encubiertas por su sensibilidad. Se forman dos grandes redes:
El marco legal también autoriza a los organismos de inteligencia a gestionar sus propios sistemas de seguridad para repeler agresiones contra sus bienes o personal, endureciendo la protección de los activos de defensa nacional.
El DNU es una herramienta constitucional que permite al presidente adoptar medidas urgentes sin pasar por el Congreso, siempre que la situación lo justifique. La reforma ha generado debate entre sectores de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, que advierten sobre riesgos de concentración de poder, mientras que el gobierno argumenta que es necesaria para enfrentar amenazas contemporáneas.
Fuente: Noticia original