El Gobierno de Javier Milei firmó el DNU 941/2025 el 31 de diciembre de 2025, otorgando a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades de detención y control de datos sin orden judicial. Ante estas medidas, un bloque parlamentario presentó un amparo para suspender el decreto, calificándolo de inconstitucional y peligroso para la democracia.

Contexto del decreto

En los últimos días de 2025, el presidente Javier Milei promulgó mediante Decreto de Necesidad y Urgencia n.º 941/2025, publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre. El texto modifica la Ley Nacional de Inteligencia (25.520) y otorga a la SIDE nuevas atribuciones, entre ellas la capacidad de aprehender personas durante actividades de inteligencia sin necesidad de orden judicial y la facultad de acceder a datos de comunicaciones, redes sociales y ubicación de dispositivos móviles.

Principales cambios introducidos

• Policía secreta: los agentes de inteligencia pueden detener a individuos bajo la excusa de flagrancia en el marco de una operación de inteligencia.
• Acceso masivo a información: se permite la interceptación de llamadas, mensajes y datos de geolocalización sin autorización judicial.
• Colaboración con las Fuerzas Armadas: la SIDE podrá solicitar apoyo logístico y técnico a organismos militares y de seguridad interior.
• Creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia: centraliza capacidades de ciberespionaje ofensivo y el uso de malware para obtención de conocimientos.
• Integración de la UIF: la Unidad de Información Financiera pasa a formar parte del Sistema Nacional de Inteligencia, generando polémica por la posible vulneración de su autonomía.

Reacción del Congreso

El 5 de enero de 2026, un grupo de diputados encabezado por Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentó una acción de amparo con medida cautelar ante el Poder Judicial, solicitando la suspensión inmediata del DNU. Argumentan que el decreto vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios de separación de poderes, al convertir al Ejecutivo en legislador de materia penal.

Acusaciones de falta de urgencia

Los legisladores sostienen que la medida no cumplió con los presupuestos de urgencia exigidos para un DNU, ya que el Congreso había concluido sesiones extraordinarias el 30 de diciembre, y la norma modifica derechos fundamentales sin control parlamentario.

Impacto y riesgos señalados

• Posible persecución de periodistas, activistas y opositores bajo la rúbrica de "amenazas a la seguridad".
• Vulneración del derecho a la privacidad y al debido proceso.
• Riesgo de creación de un "Estado policial" con vigilancia masiva y uso de inteligencia artificial para perfilado y detección preventiva de delitos.

Opiniones de la sociedad civil

Organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria califican la reforma como una regresión a lógicas propias de la época de la dictadura, señalando la ausencia de rendición de cuentas y la opacidad total de las actividades de inteligencia.

Próximos pasos

El caso está actualmente en la justicia federal; de producirse la suspensión, el gobierno tendría que retrotraer la normativa o buscar una vía legislativa regular. Mientras tanto, la discusión sobre la necesidad de una reforma democrática del sistema de inteligencia sigue abierta.