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02/01/2026 19:08 • POLITICA • POLITICA
El 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, impulsado por el presidente Javier Milei. El texto establece que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto" y otorga a la SIDE la facultad de "aprehender personas" sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que se notifique inmediatamente a las fuerzas de seguridad competentes.
Con la reforma, la SIDE, encabezada por Cristian Auguarda, con Diego Kravetz como segundo, adquiere poderes de detención directa. La medida también redefine la contrainteligencia como la función destinada a proteger al Estado de espionaje, infiltración y sabotaje, y declara que sus operaciones son de carácter totalmente confidencial.
Figuras de la oposición como Agustín Rossi, Jorge Taiana, Esteban Paulón, Leopoldo Moreau, Christian Castillo y Ricardo Alfonsín denunciaron el decreto como una violación a la Constitución y a los estándares democráticos. Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, sostuvo que "sin control del Congreso no hay democracia plena". Otros legisladores, como Maximiliano Ferraro, calificaron la medida de "escándalo institucional".
El DNU también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DINIEM) y traslada la ciberseguridad al nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), dependiente de la Jefatura de Gabinete. Además, se reduce la participación del Ministerio de Defensa en la inteligencia, dando mayor autonomía al Estado Mayor Conjunto.
Según el artículo 19 del decreto, los agentes de inteligencia pueden proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de contrainteligencia, sin que sea necesario presentar una orden judicial, siempre que informen a la policía. La norma también permite que la SIDE solicite apoyo logístico y operativo a las fuerzas armadas y de seguridad, lo que plantea dudas sobre la separación entre defensa nacional y seguridad interior.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia deberán revisar el decreto. Sin embargo, mientras tanto el texto rige con fuerza de ley.