La Organización de Salud y Protección (OSEP) explicó por qué las obras sociales pueden restringir la cobertura de nuevos medicamentos contra la obesidad, como la semaglutida, basándose en criterios de eficacia, costo y requisitos clínicos estrictos.

Contexto de la polémica

En los últimos años, los medicamentos para el control del peso, especialmente los análogos del péptido?1 similar al glucagón (GLP?1) como la semaglutida, han ganado protagonismo en el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, varias obras sociales (prepaga) han anunciado que limitarán o excluirán su cobertura.

¿Qué dice la OSEP?

La Organización de Salud y Protección (OSEP) emitió un comunicado aclarando los motivos que sustentan estas decisiones:

• Criterios médicos: la cobertura se otorga solo a pacientes con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30?kg/m² o superior a 27?kg/m² cuando co?existen comorbilidades como diabetes tipo?2 o hipertensión.
• Fracaso de tratamientos previos: se exige haber intentado terapias convencionales –dietas, ejercicio y fármacos tradicionales– antes de acceder a los análogos de GLP?1.
• Evaluación de costo?efectividad: los precios de estos fármacos son elevados; la OSEP señala que deben demostrarse beneficios claros en la reducción de peso y la mejora de la salud a mediano plazo.
• Seguimiento y control: la obra social requiere un programa de monitoreo continuo para asegurar la adherencia y la seguridad del paciente.

Implicaciones para los afiliados

Los usuarios que no cumplan con los requisitos señalados deberán asumir el costo del medicamento de su propio bolsillo, lo que puede representar un gasto significativo en pesos argentinos.

Reacción del sector y de los pacientes

Organizaciones de defensa del consumidor han criticado la medida, argumentando que el acceso a tratamientos eficaces es un derecho de salud. Por su parte, la OSEP reiteró que sus lineamientos buscan equilibrar la sostenibilidad del sistema de salud con la atención de alta calidad.

¿Qué sigue?

Se espera que la normativa evolucione a medida que se disponga de más evidencia clínica y se negocien precios con los fabricantes. Mientras tanto, los pacientes deben consultar a sus médicos y a la obra social para conocer los pasos concretos a seguir.