Un grupo de 41 comerciantes de la feria Ocean – El Playón, en La Salada, presentó una denuncia penal colectiva por una estafa de 35 millones de pesos y graves amenazas, tras haber sido engañados por supuestos intermediarios políticos y judiciales que prometieron gestionar la reapertura de sus puestos.

Antecedentes de la denuncia

El 13 de enero de 2026, la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora recibió una denuncia penal colectiva presentada por 41 feriantes pertenecientes a la Cooperativa Ocean de Provisión para Feriantes y Comerciantes. Los denunciantes alegan haber sido estafados por tres individuos identificados como W.G., J.R. y G.R., quienes se hicieron pasar por representantes de organismos políticos y sindicales para obtener el pago de 35 000 000 pesos en concepto de gestiones inexistentes.

Cómo se desarrolló la estafa

Los hechos se remontan a julio de 2025, cuando la feria fue clausurada y los comerciantes, impedidos de retomar sus puestos, buscaron soluciones. G.R., vecino de uno de los afectados, ofreció contactos para “resolver” la situación. Este vínculo llevó a J.R., quien se identificó falsamente como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA), y a W.G., quien se presentaba como presidente de la Organización Internacional de Trabajadores Independientes (OITI), entidad creada en 2024 sin reconocimiento oficial.

Entre el 7 y el 12 de julio de 2025, los acusados realizaron varias reuniones y enviaron mensajes en los que aseguraban tener acceso directo a la fiscal federal Cecilia Incardona y a la Justicia Federal, prometiendo mediar para que los puestos fueran reabiertos. Se les entregaron dos sobres con 12?600?000 y 18?900?000 pesos respectivamente, bajo coacción y la exhibición de armas de fuego por parte de los imputados.

Engaños y falsas documentaciones

Los feriantes recibieron un correo y un supuesto amparo judicial falsificados, con firmas y datos adulterados, para dar credibilidad a la gestión simulada. También se les prometió una reunión en la Fiscalía Federal N.º?2 el 11 de julio, que nunca se concretó; al llegar, fueron informados de que el trámite ya estaba “resuelto”. Cuando la estafa quedó al descubierto, los denunciantes contactaron a la verdadera Secretaria General del SUTFRA, Mariana Berbeglia, quien rechazó los intentos de los acusados.

Amenazas y coacción

Tras el rechazo, los imputados enviaron mensajes difamatorios y amenazas de muerte, entre ellos uno dirigido a un feriante que decía: “Tu vida es muy fácil de terminar… ¿Sabés lo que valés vos? ¡Un pancho y una coca!”. Las pruebas aportadas incluyen capturas de pantalla, correos electrónicos, grabaciones de audio y video de la entrega del dinero, así como del supuesto amparo judicial.

Delitos imputados y antecedentes

La denuncia solicita que se investiguen los siguientes delitos de competencia federal: estafa reiterada, usurpación de títulos, tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación ilícita, amenazas, coacción y difamación agravada. Además, se resaltan los antecedentes penales de los sospechosos: W.G. está condenado a 20 años de prisión por homicidio y secuestro; J.R. también posee antecedentes criminales relevantes. Se pide la inmediata detención de ambos por riesgo procesal y posible reiteración delictiva.

Medidas cautelares y petición judicial

Los feriantes solicitan medidas de protección urgente para garantizar su seguridad, especialmente para quienes recibieron amenazas directas. Piden ser considerados querellantes particulares y que la fiscal Cecilia Incardona sea informada de inmediato sobre la denuncia, a fin de evitar nuevas maniobras que desacrediten la actuación judicial.

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