La empresa estatal Caminos de las Sierras presentó una denuncia penal contra los gremios estatales por la medida de fuerza en el peaje Córdoba?Carlos Paz el 12 de enero, alegando bloqueos y caos vehicular. Los sindicatos defienden la acción como pacífica y la califican de criminalización de la protesta contra la reforma jubilatoria provincial.

Contexto de la protesta

El lunes 12 de enero de 2026 los sindicatos estatales organizaron una medida de fuerza en la cabina del peaje que conecta la ciudad de Córdoba con Carlos?Paz. La acción, anunciada como parte del plan de lucha contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Martín Llaryora, buscaba visibilizar la oposición al aumento de aportes y la reducción de haberes jubilatorios.

Denuncia penal de Caminos de las Sierras

Horas después del bloqueo, la concesionaria Caminos de las Sierras confirmó la presentación de una denuncia penal ante la justicia. La empresa argumenta que la obstrucción de las cabinas produjo "filas de hasta cuatro kilómetros" y un "importante caos vehicular", obligando a los conductores a maniobras riesgosas. La denuncia se encuadra en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quien impida o estorbe el normal funcionamiento del transporte terrestre.

Reacción de los sindicatos

Los voceros gremiales rechazan la versión de la empresa, asegurando que la manifestación fue pacífica y que nunca se impidió el libre tránsito. Según el Sindicato Único de Obreros del Estado de Córdoba (SUOEM), "la circulación se mantuvo habilitada" y sólo se cambiaron semáforos en algunos carriles, dejando libres los demás.

Posibles nuevas acciones

Los gremios advirtieron que la modalidad de protesta sorpresiva podría repetirse en otros peajes de la Red de Accesos a Córdoba en los próximos días, manteniendo la presión contra la reforma previsional.

Implicancias políticas y sociales

El conflicto se inscribe en la más amplia puja entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales por la reforma previsional, que ha generado intensas movilizaciones y debates legislativos. La denuncia penal es vista por la oposición como un intento de "criminalizar la protesta" y silenciar al movimiento sindical.

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