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15/01/2026 10:06 • ECONOMIA • ECONOMIA
En 2023 la jueza estadounidense Loretta Preska condenó a la República Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. Desde entonces el proceso judicial se ha desarrollado en la corte del Distrito Sur de Nueva York, con una fase de "discovery" que obliga al Estado a producir una enorme cantidad de documentos y comunicaciones oficiales.
El jueves 15 de enero de 2026 los fondos de inversión Petersen y Eton Park, principales demandantes en la causa, presentarán un escrito solicitando que la jueza Preska declare a Argentina en desacato y aplique sanciones por presuntas demoras en la entrega de la información requerida. Los demandantes alegan que funcionarios actuales y anteriores del Gobierno no han cumplido completamente con la producción de correos electrónicos, mensajes y documentos oficiales, lo que, según ellos, justifica la imposición de multas y otras medidas coercitivas.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a través de un comunicado, rechaza tajantemente la acusación, señalando que el Estado está cumpliendo con las órdenes judiciales dentro del marco constitucional y que ninguna sanción puede aplicarse antes de que la defensa ejerza plenamente su derecho a réplica. Asimismo, indica que la solicitud de desacato no tiene efectos jurídicos hasta que la jueza la evalúe y resuelva.
Tras la presentación del escrito, la Argentina responderá el 19 de febrero de 2026. La contrarréplica del Gobierno está prevista para el 5 de marzo de 2026, y se han programado audiencias a finales de ese mismo mes, donde la jueza decidirá si procede declarar el desacato y aplicar sanciones.
Los demandantes también buscan que se reconozca a entidades como el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas como "alter ego" del Estado, lo que abriría la puerta a embargos sobre sus activos. El Gobierno argentin? califica estas pretensiones como un intento de hostigamiento y presión política, subrayando que la disputa se enmarca en la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de la normativa internacional.
Burford Capital, firma que respalda la demanda, habría visto deteriorada su cotización tras la audiencia de apelación en octubre de 2025 en el Segundo Circuito de Nueva York, lo que podría estar influyendo en la estrategia de presión adicional contra la República Argentina.
Según el cronograma acordado, la fase de escritos continuará al menos hasta marzo de 2026, sin que se espere una decisión definitiva antes de esa fecha. La Procuración del Tesoro reiteró que mantendrá informada a la opinión pública y empleará todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses del Estado.