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15/01/2026 14:03 • ECONOMIA • ECONOMIA
El Ejecutivo argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, dio a conocer el 15 de enero de 2026 que está evaluando la venta del 51?% del capital de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea de bandera del país. Según informó La Nación, se han abierto contactos preliminares con potenciales compradores internacionales para medir su interés.
Entre los grupos extranjeros que podrían adquirir la mayoría accionaria se encuentran:
El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, ya había señalado a inicios de diciembre que el “saneamiento de Aerolíneas Argentinas es un paso en el camino hacia su irremediable privatización”.
El plan contempla que el porcentaje restante de la aerolínea se reparta entre la plantilla de empleados y el propio Estado. Además, una de las opciones contempladas es la creación de una “acción de oro”, similar al mecanismo que se utilizó en la privatización de la petrolera estatal YPF, que permitiría al Estado mantener ciertos derechos estratégicos sobre la compañía.
Fundada en 1950, la empresa fue privatizada por primera vez en 1990, pasando a manos de la española Iberia. Ocho años después, la gestión fue transferida a American Airlines. En el año 2000 la aerolínea volvió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, al año siguiente, fue vendida al grupo español Marsans. En 2009 el Estado argentino expropió la compañía, retomando su control tras una grave crisis financiera.
La venta mayoritaria podría inyectar recursos al erario y permitir una reestructuración operativa, pero también plantea interrogantes sobre la preservación de rutas nacionales, la seguridad del empleo y el nivel de tarifas para los pasajeros. La posible "acción de oro" busca equilibrar la necesidad de capital privado con la garantía de que la aerolínea siga cumpliendo un rol estratégico en la conectividad del país.
El Gobierno continuará las negociaciones de manera discreta mientras evalúa las ofertas recibidas. De concretarse la operación, se esperaría un proceso de transición que podría iniciar a mediados de 2026, sujeto a la aprobación de los organismos reguladores y a la definición de los términos de la participación estatal residual.