Los fondos de inversión Petersen y Eton?Park presentarán este jueves ante la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una solicitud para que la República Argentina sea declarada en desacato por supuestas demoras en la entrega de correos y mensajes oficiales exigidos en el proceso de discovery del caso YPF, cuyo fallo de 2023 impuso un pago de US$16,100?millones.

Contexto del conflicto

En 2023 la jueza Loretta Preska dictó una sentencia que condenó al Estado argentino a pagar más de US$16,100?millones en concepto de indemnización por la expropiación de la empresa petrolera YPF. Desde entonces, los demandantes –principalmente los fondos de inversión Petersen y Eton?Park, también conocidos como "fondos buitres"– han buscado diversas vías para ejercer presión y acelerar el cumplimiento de la orden.

La nueva estrategia de los demandantes

Este 15 de enero de 2026 los fondos presentarán ante la jueza Preska un escrito solicitando que la Argentina sea declarada en desacato por supuestas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales (correos electrónicos y mensajes de plataformas de mensajería) que forman parte del proceso de discovery. El requerimiento se basa en la alegación de que varios funcionarios actuales y anteriores no habrían cumplido con la entrega completa de la documentación solicitada.

Qué persiguen los demandantes

• Aplicación de sanciones económicas adicionales.
• Presunciones adversas que permitan a la corte considerar ciertos hechos como probados.
• Establecimiento de cronogramas estrictos para forzar la entrega de la información pendiente.
• Posible reconocimiento de entidades públicas como "alter ego" del Estado (Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas), lo que abriría la puerta a embargos sobre sus activos para garantizar el pago de la sentencia.

Respuesta del Gobierno argentino

Desde la Procuración del Tesoro, la defensa oficial sostiene que la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes y que cualquier sanción sería prematura y violaría el derecho a defensa del Estado soberano. Según sus voceros, la mayor parte de la documentación ha sido entregada de forma voluntaria y se está trabajando para obtener el consentimiento de los funcionarios involucrados.

Próximos pasos judiciales

Argentina tiene prevista su respuesta al escrito de los fondos para el 19 de febrero de 2026. La contrarréplica de los demandantes está calendarizada para el 5 de marzo de 2026, y la jueza Preska evaluará la necesidad de declarar desacato y aplicar sanciones en audiencias programadas para finales de marzo del mismo año.

Implicancias internacionales

El caso no solo refleja una disputa sobre una deuda de miles de millones de dólares, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de tribunales extranjeros para imponer medidas coercitivas contra activos soberanos y la definición de la soberanía frente a decisiones judiciales internacionales.

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