El Estado argentino calificó de "hostigamiento procesal" la solicitud presentada por el fondo Burford Capital para que la jueza Loretta?Preska declare al país en desacato en el polémico juicio por la expropiación de YPF. La Procuración del Tesoro anunció que responderá el 19 de febrero, reiterando su cumplimiento del proceso de discovery.

Contexto del juicio YPF

En 2023 la jueza federal de EE.?UU. Loretta Preska dictó una sentencia que condenó al Estado argentino a pagar alrededor de US$?16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF en 2012. La sentencia fue apelada y sigue pendiente de resolución definitiva.

El pedido de desacato de Burford Capital

El fondo inglés Burford Capital, principal beneficiario de la condena, presentó recientemente ante la jueza Preska una moción para que Argentina sea declarada en desacato y, en caso de confirmarse, se apliquen sanciones. La petición se basa en la supuesta falta de entrega de comunicaciones electrónicas de funcionarios actuales y anteriores del gobierno que, según el demandante, son esenciales para demostrar que entidades como el BCRA, YPF o Aerolíneas actúan como "alter ego" del Estado.

Respuesta oficial del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación respondió que el pedido constituye una nueva escalada de "hostigamiento procesal" y que su objetivo es "poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina". Según el organismo, Argentina ha cumplido "plena y ampliamente" con el proceso de discovery, entregando más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de varios funcionarios.

El Estado indicó que contestará la moción según el calendario judicial, con un descargo previsto para el 19 de febrero de 2026. Además, reiteró que seguirá cooperando dentro de los límites legales, señalando que la solicitud de Burford incluye requerimientos que resultan "intrusivos y desproporcionados".

Implicancias y próximos pasos

De confirmarse el desacato, la jueza Preska podría aplicar multas diarias y otras medidas coercitivas que complicarían la estrategia de Argentina para reactivar sus mercados internacionales. Por su parte, el gobierno busca que la resolución se centre en los avances judiciales recientes que, según sus argumentos, han debilitado la posición procesal de Burford.

El caso sigue abierto y es seguido de cerca por inversores y organismos multilaterales, dado su potencial impacto en la percepción de riesgo país y en la agenda de recuperación económica anunciada para el próximo "Argentina Week" en Nueva York.

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