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18/01/2026 08:07 • SOCIALES • SOCIALES
El 13 de enero de 2026 el diario eldiario.es publicó que dos mujeres, bajo los nombres ficticios Rebeca y Laura, presentaron denuncias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata de seres humanos, presuntamente cometidas en 2021 mientras trabajaban en las mansiones de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).
Rebeca, entonces de 22 años, asegura que el cantante, de 77 años en aquel momento, la forzaba a mantener encuentros sexuales nocturnos en su habitación. Describe penetraciones anal y vaginal con los dedos, bofetadas, vejaciones verbales y la constante presión de una superior jerárquica para que acompañara al cantante.
Laura, fisioterapeuta, relata que fue besada y tocada contra su voluntad en la playa y en la piscina de la villa. También menciona humillaciones públicas, insultos («boluda») y la imposición de pesos y medidas corporales, como control de alimentos y revisiones médicas invasivas.
Ambas trabajaban bajo un régimen de alojamiento interno sin contrato escrito, con jornadas que podían alcanzar hasta 16 horas diarias y prohibición de salir de la residencia bajo el pretexto de miedo al contagio de COVID?19. La contratación se anunciaba mediante redes sociales ofreciendo 25.000 pesos mensuales (aprox. 350?€) y se solicitaban fotos de cuerpo entero.
Julio Iglesias negó categoricamente los hechos, calificándolos de «absolutamente falsas». No respondió a los contactos realizados por eldiario.es y Univision Noticias ni a las preguntas enviadas a su abogado.
El reportaje se basa en entrevistas repetidas con las dos denunciante, documentos médicos (exámenes ginecológicos y pruebas de ETS realizados en junio?2021), registros de llamadas, mensajes de WhatsApp y testimonios de al menos 15 ex?trabajadores del cantante entre 1999 y 2023. La investigación contó con la colaboración de Univision Noticias.
Rebeca y Laura denuncian que el entorno de control y miedo dificultó que otras empleadas pudieran hablar. Ambas buscaron apoyo en organizaciones internacionales de derechos humanos y en terapia psicológica para tratar la depresión y ansiedad derivadas de los hechos.
El caso sigue bajo investigación judicial. La Fiscalía aún no ha emitido resolución y mantiene la confidencialidad de los testigos.