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22/01/2026 23:03 • POLITICA • POLITICA
Los incendios forestales que azotan la provincia de Chubut han consumido más de 30 mil hectáreas, avanzando sobre áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces y forzando el traslado preventivo de familias de localidades como Villa Lago Rivadavia. La situación ha generado una fuerte presión social y política para contar con recursos y marcos legales más estrictos.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, bajo la conducción de Leonel Chiarella, presentó formalmente un proyecto de reforma del Código Penal que incorpora la figura de ecocidio. El texto propone modificar el artículo 186 para establecer penas de prisión de cinco a quince años y una inhabilitación especial de diez a veinte años a quien provoque un daño ecológico grave mediante incendio, explosión, derrame o cualquier proceso destructor.
Paralelamente, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó una iniciativa que define el ecocidio como daño irreversible al ambiente en violación de normas de protección mínimas. Otros partidos, como Unión por la Patria, demandan la declaración de emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica por 180 días y la compra de aviones hidrantes especializados, con una inversión de hasta 50 millones de dólares.
El presidente Javier?Milei, tras regresar de Davos, no amplió el temario de sesiones extraordinarias para incluir los proyectos relacionados con los incendios. Según informó el diario Ámbito, la ausencia de estos asuntos obliga a que cualquier avance se posponga al inicio de la sesión ordinaria del 1 de marzo.
El gobierno nacional había prometido al gobernador de Chubut, Ignacio?Torres, la transferencia de fondos del Aporte del Tesoro Nacional (ATN). Según fuentes del entorno de Diego?Santilli, entre el viernes y el lunes siguiente deberían girarse los primeros 4.000 millones de pesos, aunque la ejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego se ha quedado con una subejecución del 25?% que equivale a 20.000 millones de pesos no utilizados.
La reforma del Código Penal se reactivará en marzo, cuando el Ejecutivo también contempla la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. Mientras tanto, la oposición sigue demandando la incorporación de las iniciativas de ecocidio y emergencia ígnea al temario para atender la urgente crisis ambiental en la Patagonia.