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25/01/2026 20:05 • POLITICA • POLITICA
El jueves 23 de enero de 2026 la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dependiente del Ejecutivo, firmó una orden de intervención del puerto de Ushuaia por un plazo inicial de un año. La decisión se sustentó en tres supuestos principales: falta de respuestas a inspecciones, denuncias de vaciamiento de fondos por parte de los trabajadores y preocupación de las compañías navieras que operan en la terminal.
Según el informe de la ANPyN, de los 20.000 millones de pesos ingresados al puerto en el último año, aproximadamente 5.000 millones de pesos (cerca de 4 millones de dólares a tipo de cambio vigente) habrían sido transferidos a gastos provinciales, en lugar de invertirse en la modernización de la infraestructura portuaria.
Ubicado a 3.000 km de Buenos Aires, Ushuaia es el principal punto de acceso marítimo a la Antártida. En las dos últimas temporadas recibió más de 1.300 buques – entre cruceros turísticos, barcos de investigación, carga y pesca – transportando cerca de 200.000 personas y 120.000 tripulantes. La pérdida del control provincial implica una reconfiguración de la logística sudamericana en la zona.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo?Melella, del frente Forja, calificó la medida como “un avasallamiento” a la autonomía provincial garantizada por la Constitución y acusó al Ejecutivo de estar bajo “intencionalidades geopolíticas” vinculadas a Estados Unidos. Lideres peronistas, entre ellos Guillermo?Carmona, advirtieron que la intervención abriría la puerta a un mayor protagonismo estadounidense en la región antártica, citando visitas previas de funcionarios del Comando Sur de EE?UU y la presencia de tropas americanas en la zona durante 2025.
Con la intervención, el director provincial de Puertos, Roberto?Murcia, fue reemplazado y el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan?Avellaneda, asumió como interventor. La ANPyN mantendrá el control operativo y contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para garantizar la seguridad y la continuidad de las operaciones durante el año de intervención.
La controversia pone de relieve la carrera internacional por la logística antártica, en la que puertos como Ushuaia compiten con la infraestructura de Puerto?Williams (Chile) y otras terminales sudamericanas. Mientras el Gobierno nacional argumenta la necesidad de una gestión más eficiente y transparente, la oposición insiste en que la medida carece de fundamentos objetivos y podría vulnerar la soberanía provincial.
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