El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, aprobó una medida histórica que permitirá la residencia y trabajo a cerca de 500.000 migrantes en situación irregular, mayormente latinoamericanos, mediante un real decreto que entra en vigor en abril y se extenderá hasta junio.

Contexto y alcance de la medida

El martes 27 de enero de 2026 el Consejo de Ministros de España aprobó un real decreto que abre un proceso de regularización extraordinaria para aproximadamente medio millón de personas que se encuentran en situación administrativa irregular. La iniciativa, impulsada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, permite obtener un permiso de residencia y trabajo a quienes acrediten al menos cinco meses de permanencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales.

Calendario de trámites

Los trámites se iniciarán en abril de 2026 y permanecerán abiertos hasta el 30 de junio de 2026. La normativa está diseñada para facilitar la inserción laboral en cualquier sector productivo y en todo el territorio español.

Motivaciones y argumentos del Gobierno

El presidente Pedro Sánchez calificó la decisión como "un día histórico" y resaltó que la migración ha contribuido al 80?% del crecimiento económico de los últimos seis años, además de aportar 10?% de los ingresos a la Seguridad Social. Según datos oficiales, el desempleo nacional había caído por debajo del 10?% a fines de 2025, impulsado en parte por la participación de trabajadores extranjeros.

Perfil de los beneficiarios

España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Se estima que alrededor de 840?000 personas viven en situación irregular; la mayoría proviene de América Latina. El envejecimiento demográfico y la caída de los nacimientos (una disminución del 25,6?% desde 2014) son factores que motivan al Gobierno a buscar una mano de obra estable y legal.

Reacciones políticas y sociales

El acuerdo se logró mediante la negociación con Podemos y tras la presión de una iniciativa legislativa popular que reunió más de 600?000 firmas. La oposición, integrada por el Partido Popular y Vox, ha anunciado acciones judiciales y críticas a la medida. Por el contrario, sindicatos, organizaciones sociales y la Iglesia católica la respaldan, argumentando la necesidad de mano de obra y la justicia social.

Implicancias a futuro

La regularización pretende crear un modelo migratorio "legal, seguro y ordenado", contrastando con tendencias más restrictivas en otros países de la Unión Europea. Se espera que la inserción de estos migrantes en el mercado laboral ayude a paliar la escasez de personal en sectores como la agricultura, la hostelería y los servicios, contribuyendo a la estabilidad económica del país.

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