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28/01/2026 10:04 • POLITICA • POLITICA
El 28 de enero de 2026 el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo?Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que hace obligatoria la realización de exámenes toxicológicos a todos los funcionarios públicos. La medida afecta al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos de control y entes autárquicos.
Los exámenes se harán de forma aleatoria y sorpresiva en el lugar de trabajo. Primero se aplicarán tests rápidos que detectan sustancias como cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, entre otras. En caso de resultado positivo, se solicitará un estudio confirmatorio más exhaustivo, garantizando el derecho a contraprueba y a la defensa.
Quien resulte positivo será sujeto a las sanciones previstas en la Constitución Provincial y la legislación vigente, que pueden incluir la remoción del cargo o, para aspirantes, la imposibilidad de acceder a la función pública.
La iniciativa fue impulsada por el exdiputado Juan?Esteban?Romero, quien en 2025 presentó un proyecto de ley similar que no llegó a tramitarse en la Legislatura. Tras la firma del DNU, Romero declaró que la medida responde a una “demanda social clara” de mayor transparencia y combate al consumo de drogas en la administración pública.
Varios diputados provinciales respaldaron la norma:
La vocera del Gobierno provincial, Ana?Paula?Benavides, explicó que el DNU fue precedido por una reunión con legisladores de distintos bloques y subrayó que la función pública “no es un privilegio, sino una responsabilidad institucional”.
Quedan por definir aspectos operativos como la periodicidad de los controles, los organismos responsables de su ejecución y los protocolos específicos ante resultados positivos. Sin embargo, la normativa ya está en vigor y comenzará a aplicarse de inmediato.