El juez federal Daniel Alonso, de la Cámara Federal de Paraná, desestimó el hábeas corpus presentado contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reorganiza la SIDE y habilita detenciones sin orden judicial, argumentando que no se evidencia una amenaza concreta a la libertad ambulatoria.

En una decisión emitida el 29 de enero de 2026 a las 20:02, el magistrado Daniel Alonso, perteneciente a la Cámara Federal de Paraná, rechazó el pedido de suspensión del DNU 941, firmado por el presidente Javier Milei el 31 de diciembre de 2025, que reforma la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El planteo judicial buscaba bloquear el artículo más controvertido del decreto, que autoriza al personal de inteligencia a realizar aprehensiones sin necesidad de una orden judicial previa en el marco de sus funciones. Los abogados que interpusieron el hábeas corpus alegaron que tal prerrogativa vulnera la libertad personal y contraviene la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

El juez Alonso sostuvo que el hábeas corpus preventivo requiere la demostración de un riesgo real y verificable. Según su criterio, los solicitantes no acreditaron una amenaza concreta, actual o inminente, ni identificaron casos específicos en los que la ampliación de facultades de la SIDE haya derivado en detenciones arbitrarias. Por ello, consideró que “no se infiere ni siquiera de manera indiciaria” una limitación a la libertad ambulatoria.

La resolución también impuso costas a los presentantes y remitió el expediente a la Cámara Federal de Paraná para que sea revisado en un plazo de 24 horas, marcando el primer fallo judicial de fondo sobre el DNU en medio de una ola de amparos presentados contra la norma.

El DNU 941 reorganiza el sistema de inteligencia nacional, creando la Comunidad de Inteligencia Nacional y ampliando las atribuciones operativas de la SIDE, incluyendo la posibilidad de colaborar con las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia.

Los abogados, vinculados en su mayoría a la UCR, anunciaron que apelarán la decisión, reiterando que el decreto constituye un “peligro latente para los derechos individuales”. La audiencia se dio a conocer en la sala de audiencias de la Corte Federal de Paraná.

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