El 4 de febrero de 2026, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunió a los jefes de bloque para estructurar un debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya propuesta principal es reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, mientras datos oficiales ponen en duda la urgencia de la medida.

Contexto político

En la jornada del 4 de febrero de 2026 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió a partir de las 14:00 h a los jefes de bloque y al secretario parlamentario Adrián Pagan. El encuentro, anunciado por el portal TN, tenía como objetivo ordenar el cronograma de trabajo de las sesiones extraordinarias y constituir comisiones que permitan iniciar el tratamiento del proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

Relevancia del proyecto

El gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, ha defendido que la actual normativa deja impunes a los menores de 16 años, generando una sensación de injusticia entre víctimas y la sociedad. Figuras como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado Luis Petri han reiterado la necesidad de esta reforma en redes sociales.

Datos oficiales que contradicen la narrativa oficial

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado el mismo día en Página12, muestra cifras que ponen en duda la supuesta escalada de criminalidad juvenil:

• En 2024 se registraron 4.119 niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal.
• De ese total, 865 estaban en lugares de encierro (cárceles juveniles), lo que representa una tasa nacional de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes.
• La mayor parte, 2.349, recibió medidas no privativas de libertad (acompanhamiento, supervisión comunitaria).
• Solo 4 casos estaban bajo prisión domiciliaria y 1 sin datos registrados.
• Los delitos cometidos fueron mayormente contra la propiedad (57,1?%), seguidos por delitos contra las personas (13,9?%) y contra la integridad sexual (7,5?%).
• Buenos Aires y Córdoba concentran el 75?% de los NN?yA en lugares de encierro.

El informe enfatiza que el encierro debe ser una medida excepcional, de último recurso y con la menor duración posible.

Posturas dentro del Congreso

Mientras el gobierno impulsa la reforma, varios legisladores plantean reservas:

• Patricia Bullrich sostiene que la sociedad necesita justicia para prevenir nuevas víctimas.
• Luis Petri califica la medida de urgente y necesaria.
• El diputado universitario Miguel Nicolás (UCR) pidió priorizar la prevención y la educación antes de bajar la edad, señalando la falta de infraestructura adecuada.
• Algunos sectores del PRO proponen fijar la edad mínima en 14 años, argumentando ausencia de consenso médico?psicológico sobre la plena comprensión de la criminalidad por menores de 12?13 años.
• Se advierte que reducir la edad a 13 años duplicaría la población carcelaria juvenil sin los centros de alta seguridad y programas socioeducativos necesarios.

Próximos pasos

Los bloques parlamentarios debatirán la conformación de comisiones antes del viernes, fecha en la que se espera fijar la primera sesión extraordinaria del año. El avance del proyecto dependerá de la negociación con la Cámara de Senadores, que también abordará la reforma laboral y la ley de glaciares en su agenda.

Conclusión

El debate sobre la edad de imputabilidad reúne argumentos de seguridad, derechos humanos y viabilidad institucional. Los datos del CNPT sugieren que, si bien existen jóvenes en conflicto con la ley, la mayoría ya está bajo medidas no privativas de libertad, lo que cuestiona la premisa de impunidad que sostiene el gobierno.