Contexto de la reforma

El Ejecutivo nacional, liderado por el presidente Javier?Milei, presentó un proyecto de reforma laboral cuyo objetivo, según sus defensores, es "modernizar" el mercado de trabajo y generar empleo. Entre sus medidas destacan la flexibilización de vacaciones y horarios, la eliminación de las horas extras, la posibilidad de despido sin causa con menor indemnización y la conversión de los aportes compulsivos a voluntarios.

Aliados estratégicos de la CGT

Con la mirada puesta en impedir que el proyecto se debate en sesiones extraordinarias del Congreso, la CGT ha reforzado su acercamiento a tres entidades representativas del sector empleador:

• Cámara Argentina de Comercio (CAC)
• Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
• Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)

Estos gremios han manifestado su oposición al proyecto oficial porque limita los aportes compulsivos que, según ellos, representan una carga financiera significativa para las empresas.

Qué está en juego para el sector empresarial

Los aportes compulsivos, vigentes desde años atrás, obligan a los empleadores a destinar un porcentaje de la nómina a fondos como el Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP) y a la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). La CAC indica que el aporte al INACAP equivale al 0,5?% del salario de la categoría Maestranza?A, mientras que ADIMRA reclama el 1?% de la remuneración bruta mensual. Según fuentes oficiales, estos cobros suponen alrededor de 68?000 millones de pesos argentinos al año solo en el sector comercio.

Respuesta de otras fuerzas empresariales

La postura de la CGT se alinea con la de la Unión Industrial Argentina (UIA), que ha defendido la reforma laboral, y con la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

Implicancias para los sindicatos

El proyecto también afecta a las cuotas solidarias que financian a los gremios. La reforma eliminaría la obligatoriedad de que los empleadores recauden esas cuotas, lo que, según la CGT, pondría en riesgo la estabilidad financiera de los sindicatos.

Conclusión

La estrategia de la CGT de buscar compañeros empresariales para bloquear la reforma laboral evidencia la complejidad de la pugna entre el Ejecutivo y los actores sindicales?patronales. Con la cuenta regresiva para la votación en el Senado, la alianza entre la central sindical y los gremios empresarios podría definir el futuro del mercado laboral argentino.