Petición oficial a la Corte IDH

El 5 de febrero de 2026 la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia del gobierno de Javier Milei, envió un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que la medida de prisión domiciliaria otorgada a Milagro Sala sea revocada y que la condena sea cumplida tras las rejas.

Argumentos del gobierno

El comunicado, firmado por el subsecretario Joaquín Mogaburu, exsecretario del Tribunal Oral Federal, afirma que la medida constituye un “privilegio” para una persona a la que califican de “criminal que robó a los pobres”. Según el texto, los derechos humanos deben proteger a las personas, no “blindar a condenados”.

Contexto y antecedentes de Milagro Sala

Milagro Sala, exdirectora de la organización social Tupac Amaru, fue detenida en 2016 y, tras varios procesos judiciales, se le impuso una sentencia firme que incluye tiempo de reclusión. Debido a un complejo cuadro de salud que ha requerido internaciones, la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedieron en 2016 la medida de prisión domiciliaria, permitiéndole cumplir la condena en su domicilio.

Durante su detención, la dirigente enfrentó hostigamiento policial y el fallecimiento de su esposo durante un allanamiento. En los últimos meses fue trasladada al Hospital de Gonnet, en La Plata, bajo un diagnóstico reservado que motiva la medida de protección.

Reacción institucional

El pedido del gobierno destaca que “no hay lugar para los criminales fuera de la cárcel”. Asimismo, se critica la decisión de la CIDH, acusándola de crear un “beneficio” que mantiene a Sala en la comodidad de su hogar. El escrito también cuestiona supuestas violaciones por parte de Sala al cambiar de domicilio sin autorización judicial.

Implicancias

Si la Corte IDH accede al requerimiento, Milagro Sala podría ser trasladada a una cárcel común, lo que reavivaría el debate sobre la aplicación de medidas de protección humanitaria frente a condenas penales en Argentina. El caso se inserta en la discusión más amplia sobre la política de derechos humanos del nuevo gobierno y su postura frente a figuras consideradas opositoras.

La solicitud fue difundida en redes oficiales del Ministerio de Justicia y generó una fuerte polémica en los medios y en la sociedad civil, que señalan una posible persecución política contra la dirigente.