El presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia, promulgó el decreto 87/2026 que deroga la participación de la Procuración del Tesoro de la Nación como querellante en la causa 3561/2019, la misma que investigaba supuestas irregularidades del préstamo de aproximadamente USD 50?mil millones recibido del Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio?Macri.

Contexto de la causa 3561/2019

En 2018?2019 la administración de Mauricio?Macri solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo standby valorado en alrededor de USD 50?mil millones. La operación buscaba suavizar la caída de reservas y estabilizar el tipo de cambio, pero sectores críticos alegaron que los fondos fueron destinados a cubrir déficits presupuestarios y a financiar la fuga de capitales, generando un potencial daño al erario público.

Iniciación del proceso judicial

La causa, identificada como n.º?3561/2019 (también citada como 3.561/2019), fue presentada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal?5 de la Capital Federal. El 29?abril?2021 la Procuración del Tesoro de la Nación fue admitida como querellante, y el 17?agosto?2021 se incorporó como actora civil, conforme al Decreto?N.º?239/2021 que habilitó su intervención en litigios penales.

Decisión judicial que desencadenó la medida

El 2?febrero?2026 la jueza federal María Eugenia?Capuchetti resolvió archivar la causa, argumentando que los hechos investigados correspondían a decisiones de política económica y, por tanto, estaban fuera del control jurisdiccional penal. La magistrada sostuvo que la ausencia de una normativa que obligara a un destino concreto de los recursos impedía calificar los actos como delito de malversación.

Decreto 87/2026: El retiro de la Procuración del Tesoro

Ante la decisión judicial, el presidente Javier?Milei y el ministro de Justicia Mariano?Cúneo?Libarona firmaron el Decreto?N.º?87/2026, publicado el 5?de?febrero?2026 en el Boletín Oficial. Sus artículos principales son:

• Artículo?1°: Deroga el artículo?1° del Decreto?N.º?239/2021, que había permitido la actuación de la Procuración del Tesoro como querellante.
• Artículo?2°: Ordena a la Procuración del Tesoro cesar su intervención como querellante particular en la causa 3561/2019.
• Artículo?3°: Establece la entrada en vigencia inmediata del decreto.

El texto subraya que la continuidad del proceso penal corresponde al Ministerio Público Fiscal (MPF), organismo especializado en la investigación de delitos económicos y con la infraestructura constitucional necesaria para ejercer la acción penal.

Implicancias y reacciones

El gobierno argumentó que la medida evita la superposición de funciones entre organismos del Estado y garantiza un uso racional de los recursos públicos. Además, se señaló que la Procuración del Tesoro, cuya estructura se concentra en áreas contencioso?administrativas, civiles y comerciales, carece de la especialización requerida para litigios penales complejos.

El fiscal federal Franco?Picardi, quien había interpuesto recurso contra el archivo de la causa, reiteró que la decisión judicial fue parcial y que la investigación debía seguir bajo la órbita del MPF. Por su parte, analistas políticos consideran que la acción de Milei refleja su postura de limitar la intervención del Estado en procesos judiciales que puedan convertirse en vetos políticos.

Qué sigue para la causa

Con la Procuración del Tesoro oficialmente excluida, corresponde al MPF decidir si reabre la investigación o mantiene la postura de archivo. El caso sigue siendo un referente de los debates sobre la transparencia de la deuda externa y la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de recursos internacionales.