Sentencia y penas

El viernes 7 de febrero de 2026 el Tribunal Oral Federal Nº?2 de Mendoza encontró culpable al exjuez federal Walter Ricardo Bento, de 63 años, de liderar una asociación ilícita destinada al cobro de sobornos a cambio de beneficios procesales en causas penales bajo su cargo. La decisión, tomada por unanimidad, impuso una pena de 18 años de prisión efectiva, una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a 540?millones de pesos argentinos. El pedido de la defensa para prisión domiciliaria quedó diferido.

Delitos acreditados

El tribunal confirmó la responsabilidad de Bento en los siguientes delitos:

• Asociación ilícita en calidad de jefe
• Cohecho pasivo en ocho hechos
• Enriquecimiento ilícito
• Lavado de activos agravado (por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio de la función pública)
• Falsedad ideológica (dos hechos)
• Ocultamiento e inutilización de pruebas

Repercusiones familiares

La sentencia también afectó a su núcleo familiar. Su esposa Marta Boiza fue condenada a 6 años de prisión y a pagar una multa de 346?millones de pesos** por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. El hijo del matrimonio, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió 5 años de prisión y una multa de 16?millones de pesos** por lavado de activos agravado.

Detalles del proceso judicial

El juicio, iniciado en julio de 2023, se extendió por más de 130 audiencias, con la declaración de alrededor de 300 testigos y la presentación de un voluminoso cuerpo de pruebas documentales y digitales. El tribunal estuvo integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas. La fiscalía explicó que la organización operó al menos desde 2007, canalizando cerca de 1,7?millones de dólares en sobornos, además de bienes muebles e inmuebles.

Situación actual del penado

Walter Bento permanecerá detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, mientras se analizan futuras solicitudes de beneficio penitenciario. La sentencia marca uno de los fallos más severos en la historia judicial de Mendoza y del país, subrayando la lucha contra la corrupción en el poder judicial.

Contexto y repercusión

El caso, conocido como la “megacausa de corrupción judicial de Mendoza”, ha sacudido la confianza pública en la administración de justicia y se inserta dentro de una serie de investigaciones que buscan erradicar la impunidad en los órganos del Estado. La decisión judicial envía un fuerte mensaje de que los titulares de autoridad no están por encima de la ley.