El gobierno decidió aplazar el cambio de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), provocando la renuncia del ministro Marco Lavagna y reavivando el debate sobre la autonomía del INDEC. Con una inflación interanual de 236,7% en agosto y acusaciones de manipulación estadística, el país vuelve a cuestionar la veracidad de sus datos oficiales.

Decisión polémica y renuncia de Lavagna

El 8 de febrero de 2026 el Ejecutivo argentino anunció el aplazamiento del cambio de la canasta del IPC, medida que desencadenó la dimisión del ministro Marco Lavagna, único funcionario de alto rango proveniente del gobierno anterior. La medida ha reavivado el intenso debate sobre la interferencia política en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Inflación en cifras

Según los últimos datos del INDEC, en agosto de 2026 la inflación interanual alcanzó 236,7?% y la variación mensual fue del 4,2?%. Estos números sitúan a la economía argentina en un nivel de presión inflacionaria sin precedentes en la última década.

Historia de la manipulación estadística

Entre 2007 y 2015 el país vivió una ausencia casi total de estadísticas públicas fiables. La intervención del INDEC en los datos de inflación desencadenó una cadena de distorsiones en otros indicadores, como los índices de pobreza y la tasa de crecimiento. La estrategia buscaba “mentir” sobre la inflación para reducir los intereses de la deuda en moneda local, lo que provocó una fuga de capitales que pasó de USD?2.000?millones anuales a USD?16.000?millones a partir de 2007.

Consecuencias de la postergación del IPC

El aplazamiento del ajuste de la canasta del IPC afecta directamente la credibilidad del INDEC y genera incertidumbre en el proceso de desinflación. Además, compromete la propuesta de reforma laboral vigente, que establece la actualización de indemnizaciones por despido según “IPC?+?3?% anual”. Con un IPC en duda, la justicia podría adoptar criterios propios, perjudicando tanto a empresas como a trabajadores.

Reacciones y advertencias

Expertos como Guido Zack, director de Economía de Fundar, advierten que el daño inicial ya está hecho y que la falta de una medida corrective podría perpetuar una “farsa” institucional. Señalan que la historia muestra un patrón de repetición: la manipulación de datos ocurre cuando un gobierno busca reforzar un relato oficial, a costa de la confianza ciudadana.

¿Qué sigue?

La presión social y de los sectores empresariales podría impulsar al Gobierno a realizar el cambio de canasta pronto y restablecer la confianza en las estadísticas oficiales. De lo contrario, la tendencia a “tropezar con la misma piedra” podría volver a erosionar una de las instituciones fundamentales para el desarrollo económico del país.