Imago Noticias
Unión aplasta a Gimnasia de Mendoza con victoria 4-0 en el Apertura 2026
Cómo ganar músculo después de los 40 distribuyendo la fatiga
Fuerte tormenta deja calles de Metán bajo el agua y registra 200?mm de lluvia
08/02/2026 16:36 • Politica
El jefe de Gabinete, Manuel?Adorni, comunicó en la cuenta oficial del Presidente (@Jmilei) que el Gobierno de Javier?Milei tiene previsto cambiar el nombre de la Televisión Pública. La declaración, publicada en febrero de 2026, forma parte de las reformas estructurales que busca aplicar su equipo para reducir al máximo el gasto en el sector mediático.
Según la normativa vigente, la Ley de Medios (Ley?26.522) y la Constitución prohíben la privatización de los medios estatales, lo que obliga al Ejecutivo a buscar alternativas de ahorro sin vender el patrimonio. "No se puede privatizar porque no lo permite la ley, no nos queda otra que achicar al mínimo el gasto. Vamos a cambiar el nombre", afirmó Adorni.
TV?Pública, creada en 1951 y rebrandeada en 1990 como “Canal 7”, es la principal cadena estatal del país, con una señal de cobertura nacional y una programación que incluye noticias, culturales y deportivas. El canal recibe financiamiento directo del Estado, lo que lo convierte en un foco de debate sobre la neutralidad y la sostenibilidad financiera.
El renombramiento no implica una transformación de la estructura operativa, sino una señal simbólica de austeridad. Analistas del sector sugieren que la medida podría acompañarse de recortes de personal, reducción de producciones originales y mayor dependencia de contenidos externos, aunque el gobierno asegura que mantendrá la misión de información pública.
Se espera que la decisión se formalice mediante un decreto presidencial dentro de los próximos días. La nueva denominación aún no se ha anunciado; sin embargo, fuentes internas especulan con nombres que reflejen una visión „más ligera“ y orientada al mercado, sin alterar la naturaleza pública del servicio.
Esta medida se suma a otras iniciativas de la gestión Milei orientadas a la reducción del gasto público, como la reestructuración de ministerios y la racionalización del aparato estatal.