Denuncia penal en la Justicia Federal de Neuquén

El 09 de febrero de 2026 el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, interpuso una denuncia penal ante la Justicia Federal de Neuquén solicitando la investigación de presunta intromisión política del Gobierno nacional en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Contra quién se dirige la acusación?

El escrito señala a Javier?Milei, presidente de la Nación, y a Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, como responsables de haber dictado resoluciones destinadas a retrasar la entrada en vigor de un nuevo sistema de medición del IPC ya definido por el INDEC.

Motivación y delitos imputados

Quintriqueo argumenta que la supuesta interferencia vulnera la autonomía del INDEC, organismo creado por la Ley?17.622 como entidad técnica e independiente. La denuncia exige investigar los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo?248 del Código Penal), así como violación de la fe pública y cualquier otra figura que surja de la investigación.

Impacto directo sobre los trabajadores neuquinos

El IPC es el componente central para la actualización automática de salarios, jubilaciones, aguinaldos y la previsibilidad de la negociación colectiva. En Neuquén, el último ajuste trimestral del IPC fue del 7,9?%, beneficiando a unos 64?000 empleados del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo provincial.

Reacción de ATE y contexto del conflicto

ATE destaca que el índice no es un dato abstracto, sino un derecho constitucional alimentario. La organización denuncia que la manipulación intentó mantener un “relato oficial alejado de la realidad inflacionaria”, poniendo en riesgo los derechos salariales de miles de trabajadores estatales.

Competencia jurisdiccional

La denuncia se presentó ante la Justicia Federal de Neuquén porque los efectos concretos de las decisiones cuestionadas se manifiestan en la provincia, modificando la forma en que se determina el IPC utilizado para actualizar salarios.

Perspectivas y próximos pasos

Si la causa avanza, podría obligar al Gobierno nacional a retirar cualquier medida que retrase la implementación del nuevo cálculo del IPC y restaurar la confianza en los datos oficiales del INDEC. Mientras tanto, ATE solicita ser parte querellante para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores.

Fuente: LM Neuquén