El 9 de febrero de 2026 el Poder Ejecutivo formalizó el proyecto de ley que plantea bajar la edad de imputabilidad en Argentina, incorporando además un presupuesto de 23.739.155.303 pesos para su puesta en marcha. El texto, que seguirá su tramitación en la Cámara de Diputados, genera intenso debate entre libertarios, opositores y sectores de la sociedad civil.

Antecedentes y contenido del proyecto

En la mañana del 9 de febrero de 2026 la Casa Rosada remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, conocido formalmente como Proyecto de Ley 51/2026. La iniciativa, impulsada por la coalición La Libertad Avanza y encabezada en la Cámara de Diputados por la senadora Patricia Bullrich, mantiene como eje central la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos graves como homicidio, robo violento, abuso sexual y secuestro.

Modificaciones previstas y consenso abierto

Sin embargo, los bloques opositores dialogistas (PRO y UCR) han comunicado que aceptan debatir la medida siempre que la edad mínima se fije en 14 años. En la reunión de presidentes de bloque con el titular de la Cámara, Martín Menem, se dejó claro que la norma será ajustada antes del dictamen definitivo previsto para el miércoles 12 de febrero.

Aspectos estructurales y presupuestarios

Una novedad respecto al proyecto presentado el año anterior es la inclusión de un cálculo fiscal: la implementación del régimen tendría un costo estimado de $23.739.155.303 (pesos argentinos). El financiamiento provendría de dos organismos nacionales: el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 51 del borrador.

Sanciones y medidas alternativas

El texto propone un esquema de sanciones graduadas, donde los delitos menos graves serían atendidos mediante medidas no privativas de la libertad (trabajo comunitario, reparación del daño, programas educativos y tratamientos psicológicos). Para los delitos graves, la pena máxima se limitaría a 15 años de prisión, en contraste con la versión anterior que contemplaba hasta 20 años.

Instituciones especiales para menores

Se contempla la creación de institutos especializados donde los adolescentes condenados recibirían educación, atención médica y acompañamiento psicológico, con personal capacitado exclusivamente en temáticas de infancia y adolescencia. La normativa prohíbe cualquier contacto con adultos reclusos para evitar la exposición a entornos de mayor riesgo.

Derechos reforzados de los menores y de las víctimas

El proyecto garantiza a los menores:

• Patrocinio jurídico gratuito.
• Asistencia psicológica y social.
• Participación en procesos de mediación.
• Derecho a ser informados y escuchados a lo largo del procedimiento.

Asimismo, se fortalecen los derechos de las víctimas, incluyendo apoyo psicológico y la posibilidad de participar en la reparación del daño.

Calendario legislativo

El proyecto será dictaminado en comisión el miércoles 12 de febrero por la Comisión de Legislación Penal, con la participación de las comisiones de Presupuesto, Familia y Niñez, y Justicia. El dictamen se llevará al recinto el jueves 13 de febrero para su votación final.

Reacciones y contexto político

El presidente de La Libertad Avanza, Jorge Macri, reiteró su apoyo a la reforma pero exigió eliminar la “puerta giratoria” del sistema penal. Por su parte, Laura Rodríguez Machado, líder de la comisión, afirmó que el proyecto busca responder a la inseguridad juvenil y evitar la utilización de menores por redes criminales.

Los partidos opositores (PRO, UCR, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) han manifestado su rechazo al descenso a 13 años, argumentando que la medida profundiza la criminalización de la infancia.

Para más información, consulte las fuentes originales: Ámbito y Infobae.