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Procesan a 19 personas por sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad

10/02/2026 05:03 • Politica

La Justicia argentina procesó este lunes a seis ex funcionarios del gobierno de Javier Milei y a trece empresarios del sector farmacéutico por presunta asociación ilícita, cohecho y sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Resumen del procesamiento

El juzgador Sebastián Casanello, de la Cámara Federal de Casación Penal, dictó la formalización de la causa contra 19 personas: seis ex altos cargos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y trece directivos y empresarios del ramo farmacéutico. Entre los imputados destaca el ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, antiguo abogado personal del presidente Javier Milei.

Hechos investigados

Según la acusación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría conformado una organización criminal que utilizó la ANDIS como canal para obtener ganancias millonarias a costa del erario público y de personas con discapacidad. Las principales conductas son:

  • Adjudicación indebida de contrataciones públicas para la compra de medicamentos e insumos.
  • Pagos de sobreprecios y cobro de sobornos a funcionarios y proveedores.
  • Lavado de dinero mediante la entrega de efectivo y bienes de alto valor.

Montos y medidas cautelares

Los registros judiciales indican que los sobornos generaban entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. En el caso de Spagnuolo, el embargo supera los 202.000 millones de pesos (aproximadamente 135 millones de dólares), una de las mayores retenciones patrimoniales en la historia reciente del país.

Otros implicados

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, fueron señalados en las investigaciones pero, por el momento, no fueron procesados. Su defensa había intentado anular la causa alegando que los audios filtrados eran ilícitos; la Corte desestimó el pedido.

Contexto institucional

La ANDIS es el organismo responsable de garantizar derechos y prestaciones a personas con discapacidad. Su uso como vehículo de enriquecimiento ilícito representa una grave vulneración del principio de atención prioritaria que rige la entidad.

Repercusiones políticas

El caso constituye uno de los escándalos de corrupción más relevantes que ha confrontado al gobierno ultraderechista de Javier Milei, generando un debate amplio sobre la transparencia de sus políticas en el sector salud.

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