Declaración polémica en redes

En un tuit publicado en la cuenta @madorni, el ex secretario de Comunicación de la República Argentina, Manuel Adorni, sostuvo: «Permitir que un preso tenga teléfono celular es equivalente a permitir que un preso tenga un arma. Fin.» La breve frase, sin matices ni argumentos adicionales, generó rápidamente reacciones entre especialistas en seguridad, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil.

Contexto de la tenencia de celulares en la prisión

En Argentina, la normativa que regula el uso de dispositivos de comunicación en centros penitenciarios se encuentra principalmente en la Ley 24.240 y en el Reglamento de Ejecución Penal (Decreto 1432/99). Estas disposiciones permiten el acceso a teléfonos bajo estrictas condiciones: los internos pueden recibir llamadas de manera presencial en la zona de visitas o, en casos excepcionales, a través de teléfonos instalados en los comisariatos bajo supervisión directa del personal de la institución.

Sin embargo, el mercado negro ha facilitado la introducción de teléfonos móviles de forma clandestina. Según datos del Ministerio de Seguridad publicados en 2024, se registraron 1.342 incautaciones de celulares en cárceles durante el último año, lo que evidencia la magnitud del problema.

Riesgos asociados al uso no autorizado

• Control de organizaciones criminales: Los teléfonos permiten la coordinación de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y la planificación de actos violentos dentro y fuera del establecimiento.
• Corrupción interna: La venta de dispositivos y la facilitación de llamadas pueden convertirse en una fuente de soborno para el personal penitenciario.
• Aislamiento de la familia: Aunque la comunicación con los seres queridos es un derecho reconocido, su abuso puede derivar en intimidación o manipulación de familiares.

Reacciones y propuestas de solución

Varios expertos han respondido a la analogía de Adorni. El criminólogo Dr. Sebastián Ledesma señaló que, si bien los riesgos son graves, equiparar un celular a un arma de fuego es una simplificación que no captura la complejidad del fenómeno. Por su parte, la Asociación de Defensores de Derechos Humanos (ADDH) pidió revisar la normativa para garantizar canales de comunicación seguros y supervisados, evitando la total prohibición que podría vulnerar derechos de los internos.

En el ámbito legislativo, el diputado Juan Pérez (Frente de Todos) anunció que presentará un proyecto de ley para modernizar los sistemas de monitoreo de llamadas y reforzar los protocolos de inspección, con el objetivo de reducir la infiltración de dispositivos y, a la vez, asegurar que los internos mantengan contacto con sus familias bajo condiciones controladas.

Conclusión

La afirmación de Manuel Adorni ha puesto de relieve una cuestión que sigue abierta en la agenda de seguridad y derechos humanos: cómo equilibrar la necesidad de prevenir el uso ilícito de teléfonos en prisión sin vulnerar el derecho a la comunicación de los internos. El debate está lejos de terminar y dependerá de la capacidad de los legisladores y del sistema penitenciario para implementar medidas tecnológicas y reglamentarias efectivas.