La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió un contundente comunicado denunciando la “gravedad institucional” del convenio que el Gobierno busca aprobar en el Senado para transferir la justicia laboral a la órbita porteña. La medida provocó la clausura de 30 juzgados, la disolución de la Sala VII y una huelga del personal judicial.

Contexto y origen del convenio

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción local. El acuerdo, ingresado al Senado el 10 de febrero de 2026 bajo el expediente 186/25, pretende cumplir con la autonomía porteña que, según el Ejecutivo, quedó históricamente pendiente.

Argumentos de la AMFJN contra el traspaso

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional denunció tres puntos críticos:

• Cláusula Sexta – fuero residual: las causas iniciadas antes del traspaso permanecerían en la Justicia Nacional, pero todas las nuevas demandas pasarían directamente a la Justicia de la Ciudad, convirtiendo al fuero laboral nacional en un órgano sin nuevos expedientes, destinado a la extinción por “inanición” procesal.
• Cláusula Cuarta – cierre de juzgados: el convenio ordena la supresión de 30 juzgados de primera instancia (del número 2 al 80) y la disolución de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que la AMFJN calificó de “desguace” institucional.
• Cláusula Novena – revisión de constitucionalidad: designa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) como instancia de control, lo que colisiona con la jurisprudencia de la Corte Suprema (fallo Levinas) que mantiene a la Corte como tribunal de alzada nacional.

Reacción de los magistrados y sindicatos

Los jueces describen el proyecto como una “sentencia de muerte” para el fuero laboral, temiendo la pérdida de independencia y la imposibilidad de recibir nuevos casos. La unión de empleados de la Justicia Nacional (UEJN), liderada por Julio Piumato, convocó a una huelga nacional el 12 de febrero, con movilización frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en Lavalle 1554.

El papel de la Vicepresidenta y la maniobra legislativa

Según La Política Online (10/02/2026), la vicepresidenta Victoria Villarruel, a través de su secretario parlamentario Agustín Giustinian, habría optado por un trámite ordinario en comisiones, retrasando la votación que el presidente Javier Milei deseaba agilizar. Este retraso genera incertidumbre sobre la ratificación del convenio tanto en el Senado como en la Legislatura porteña.

Implicancias para empleadores y trabajadores

El traslado es impulsado por sectores empresariales que consideran que el fuero laboral nacional está “colonizado” por una visión anti?empresa y genera condenas excesivas que ponen en riesgo la viabilidad de las compañías. Por su parte, los sindicatos y abogados laboralistas advierten que la medida vulnera los derechos de los trabajadores y debilita la protección judicial.

Próximos pasos

El convenio debe ser votado en el Senado y posteriormente aprobado por la Legislatura de la Ciudad. Mientras tanto, la AMFJN mantiene su cautelar y los juzgados cerrados operan bajo vaciamiento de expedientes. La presión política se mantiene activa, con el Gobierno buscando lograr la mayoría de los 41 senadores necesarios para alcanzar el quórum y aprobar la reforma.

Fuentes: Infobae y La Política Online.