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13/02/2026 11:11 • Politica
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) emitió un comunicado anunciando que se encuentra en "estado de alerta máxima" luego de la publicación de un nuevo organigrama de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según el sindicato, el plan, impulsado bajo la dirección del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, implica una "reorientación institucional" que eliminaría la capacidad operativa de la DNV para ejecutar obras, limitándola a funciones de planificación y fiscalización de concesiones.
El gremio recordó que el Congreso rechazó en agosto de 2025 el decreto 461/2025 que disolvía la DNV, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ante esta contradicción, el STVyARA envió una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, solicitando que se abstengan de adoptar medidas que conduzcan al vaciamiento o desaparición del organismo.
Paralelamente, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 112/2026 la apertura de una licitación pública – nacional e internacional – para la Etapa II?B de la Red Federal de Concesiones. El proceso abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, distribuidos en cuatro corredores:
Las rutas incluídas son la 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, así como los accesos A005 y A008. El objetivo declarado por Caputo es "modernizar" la infraestructura vial, sustituyendo el modelo actual "sin subsidios" por una mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento.
Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) alerta que entre el 65?% y 70?% de la red nacional se encuentra en estado «regular o malo». La falta de mantenimiento ha incrementado la siniestralidad, registrándose un aumento del 14?% interanual en fallecimientos, alcanzando 4.369 muertes en el último año. El documento advierte que esta situación eleva los costos logísticos y repercute negativamente en el Producto Interno Bruto, estimando una pérdida de entre un punto y medio del PBI anual.
El mismo informe señala que el presupuesto 2026 del organismo sufrió una reducción real cercana al 75?% respecto a 2023, con subejecución superior al 50?% en 2024?2025. Además, la dotación de personal pasó de aproximadamente 5.500 empleados a una reducción del 20?% en 2024, y un retiro voluntario publicado el 30 de enero de 2026 para 900 personas dejó la DNV con serias carencias de personal técnico.
El conflicto entre el sindicato y el Ejecutivo se inserta en un contexto de tensiones institucionales: la autoridad del Congreso frente a decisiones ejecutivas, la viabilidad de la privatización de la red vial y el desafío de garantizar la seguridad y la conectividad nacional. Mientras el STVyARA advierte sobre “consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial”, el Gobierno sostiene que la concesión de rutas es clave para “modernizar” la infraestructura y reducir la carga fiscal.
Para seguir la evolución de este conflicto, los interesados pueden consultar los reportes de Ámbito y Red43.