Imago Noticias
Ministerio de Economía de Santa Cruz niega aumentos salariales y genera polémica
Milei tacha a la izquierda de incapaz de entender video histórico
EE.UU. envía al secretario de Energía a Venezuela para impulsar la reforma petrolera
JP?Morgan prevé inflación anual del 26?% en Argentina y alerta sobre presión de precios en 2026
El planeta avanza hacia una “tierra invernadero” y supera el punto de no retorno
13/02/2026 12:38 • Politica
Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros y ex Secretario de Comunicación y Medios de la República Argentina, utilizó su cuenta oficial @madorni en X para afirmar que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional". Además, anunció que el Gobierno ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques, subrayando que "el que las hace, las paga".
Los ataques, ocurridos en los últimos días, apuntaron contra la sede del Congreso ubicado en Buenos Aires y dejaron a varios agentes de seguridad heridos. Aunque los autores no han sido identificados públicamente, la respuesta del Ejecutivo indica un marco jurídico de mayor severidad al encuadrarlos como actos terroristas.
En la legislación argentina, el delito de terrorismo se tipifica en el Artículo 2 del Código Penal y conlleva penas de prisión que pueden superar los 20 años. La calificación permite al Estado aplicar medidas de seguridad reforzadas, perseguir con mayor celeridad judicial y solicitar la cooperación internacional en caso de que existan nexos transnacionales.
El discurso de Adorni ha sido respaldado por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes han activado protocolos de alerta máxima en edificios públicos. Asimismo, se ha anunciado la instalación de sistemas de videovigilancia de última generación en la fachada del Congreso y el refuerzo del despliegue policial alrededor del centro legislativo.
El ataque vulnera el orden constitucional, que garantiza la inviolabilidad del Poder Legislativo y la protección a sus miembros y a las fuerzas de seguridad que lo custodian. La respuesta firme del Gobierno busca preservar la estabilidad institucional y enviar un mensaje claro de intolerancia frente a cualquier intento de desestabilizar la democracia.