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Gobierno argentino califica ataques al Congreso como terrorismo y promete sanciones

13/02/2026 12:38 • Politica

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, denunció en X que los recientes asaltos al Congreso de la Nación y a las fuerzas de seguridad constituyen un delito grave contra el orden constitucional, calificándolos de terrorismo y asegurando que los responsables serán castigados sin excepción.

Declaraciones oficiales

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros y ex Secretario de Comunicación y Medios de la República Argentina, utilizó su cuenta oficial @madorni en X para afirmar que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional". Además, anunció que el Gobierno ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques, subrayando que "el que las hace, las paga".

Contexto del incidente

Los ataques, ocurridos en los últimos días, apuntaron contra la sede del Congreso ubicado en Buenos Aires y dejaron a varios agentes de seguridad heridos. Aunque los autores no han sido identificados públicamente, la respuesta del Ejecutivo indica un marco jurídico de mayor severidad al encuadrarlos como actos terroristas.

¿Qué implica la calificación de terrorismo?

En la legislación argentina, el delito de terrorismo se tipifica en el Artículo 2 del Código Penal y conlleva penas de prisión que pueden superar los 20 años. La calificación permite al Estado aplicar medidas de seguridad reforzadas, perseguir con mayor celeridad judicial y solicitar la cooperación internacional en caso de que existan nexos transnacionales.

Reacciones y medidas

El discurso de Adorni ha sido respaldado por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes han activado protocolos de alerta máxima en edificios públicos. Asimismo, se ha anunciado la instalación de sistemas de videovigilancia de última generación en la fachada del Congreso y el refuerzo del despliegue policial alrededor del centro legislativo.

Impacto constitucional

El ataque vulnera el orden constitucional, que garantiza la inviolabilidad del Poder Legislativo y la protección a sus miembros y a las fuerzas de seguridad que lo custodian. La respuesta firme del Gobierno busca preservar la estabilidad institucional y enviar un mensaje claro de intolerancia frente a cualquier intento de desestabilizar la democracia.

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