El Ejecutivo nacional comunicó formalmente a los gremios del transporte que no pueden sumarse a medidas de fuerza mientras esté vigente la conciliación obligatoria. La decisión busca garantizar la prestación de servicios esenciales y evitar disruptions en el sistema de transporte público.

El Gobierno toma medidas ante el conflicto sindical

El Gobierno nacional intimó formalmente a la UTA (Unión Tranviarios Automotores) y a La Fraternidad para que no adhieran al paro convocado, argumentando que actualmente rigue una conciliación obligatoria que impide la realización de medidas de fuerza.

¿Qué es la conciliación obligatoria?

La conciliación obligatoria es una herramienta legal que puede dictar el Ministerio de Trabajo de la Nación en conflictos laborales. Durante su vigencia, se prohíben las medidas de fuerza (como huelgas o paros) y se obliga a las partes a negociar bajo la supervisión del Estado. Esta medida tiene como objetivo preservar la paz social y garantizar la continuidad de servicios esenciales para la población.

Los gremios involucrados

La UTA (Unión Tranviarios Automotores) es el sindicato que agrupa a los trabajadores del transporte público automotor de pasajeros, incluyendo colectivos urbanos y suburbanos. Por su parte, La Fraternidad representa a los maquinistas y ayudantes de trenes y subtes, siendo uno de los gremios más antiguos del país con más de 130 años de historia. Ambas organizaciones son clave para el funcionamiento del sistema de transporte público, utilizado diariamente por millones de argentinos en todo el territorio nacional.

El alcance de la intimación

La decisión gubernamental busca impedir que estos gremios se sumen a cualquier medida de fuerza que afecte la prestación del servicio de transporte. La intimación tiene respaldo legal en la Ley de Asociaciones Sindicales y las normas que regulan la negociación colectiva en Argentina.

Por qué es importante

El transporte público es considerado un servicio esencial, y su interrupción puede generar graves perjuicios a la economía y a la vida cotidiana de los ciudadanos. La conciliación obligatoria permite que el diálogo continúe mientras se mantienen los servicios activos, protegiendo tanto los derechos de los trabajadores como el interés general de la comunidad. Fuente: Claudio Savoia - Clarín