Pablo Víctor Cuchán recuperó su libertad tras beneficiarse con la prescripción de la causa por lesiones y amenazas contra una ex pareja. El hombre había cumplido 17 años de prisión por el horroroso crimen de Luciana Moretti en 2004, un caso que conmocionó a la Argentina.

La decisión judicial que ordenó su liberación

El juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado en lo Correccional N°1 de Bahía Blanca, ordenó la libertad inmediata de Pablo Víctor Cuchán tras declarar extinguida la acción penal por prescripción. El fallo se basó en que los delitos por los que estaba detenido (lesiones leves agravadas y amenazas) no superan los dos años de pena cada uno, y transcurrió ese plazo sin que la sentencia quedara firme. El defensor particular Maximiliano De Mira había planteado el viernes 13 de febrero de 2026 la prescripción de la causa, argumentando que el 14 de febrero de 2024 su cliente había sido condenado a tres años de prisión, pero los recursos extraordinarios presentados ante la Suprema Corte bonaerense aún no habían sido resueltos.

El nuevo caso de violencia de género

Cuchán fue detenido el 24 de abril de 2023 en Monte Hermoso, donde se había radicado tras cumplir su condena por el femicidio. La denuncia provino de una mujer con quien mantenía una relación de ocho meses, quien lo acusó de:

• Sujetarla del cuello y taparle la boca para impedir que gritara
• Amenazarla de muerte
• Propinarle lesiones de carácter leve

La víctima denunció que, al comienzo de la relación, Cuchán "se mostraba afectuoso y respetuoso", pero con el tiempo comenzaron los "malos tratos, amenazas y zamarreos". Un Juzgado de Familia bahiense había ordenado medidas de protección, incluyendo un botón antipánico y restricción de acercamiento.

El crimen que horrorizó a la Argentina

El 16 de octubre de 2004, Cuchán asesinó a Luciana Moretti, una adolescente de 15 años, en la localidad bonaerense de Ingeniero White. El femicida descuartizó el cuerpo utilizando tres cuchillas y luego intentó deshacerse de la evidencia quemando los restos en una parrilla de su casa. En el juicio, Cuchán declaró que la joven había muerto por una supuesta sobredosis de cocaína y que, asustado, decidió quemar el cuerpo: "Agarré 20 litros de solvente y 10 bolsas de leña, prendí fuego sobre ella, cerré las puertas y me fui". Sin embargo, negó haberla descuartizado. Los investigadores encontraron restos de la víctima dispersos en el patio de la casa, una chatarrería y un descampado. Además, descubrieron objetos guardados como "trofeos": un mechón de cabello, un rosario y un aro de corpiño dentro de una lata de helados.

Una condena cuestionada

Cuchán fue condenado inicialmente a 18 años de prisión por homicidio, ya que en ese momento el Código Penal argentino no contemplaba el femicidio (incorporado recién en 2012). Posteriormente, la Cámara de Casación redujo la pena a 17 años. En 2016 obtuvo la libertad condicional por "buen comportamiento", pero volvió a la cárcel en 2019 tras ser denunciado por violencia de género en Monte Hermoso. Finalmente, el 24 de octubre de 2021 recuperó la libertad definitiva, solo para ser detenido nuevamente en 2023 por la nueva denuncia.

Indemnización millonaria a la familia

En paralelo a esta causa penal, la Justicia Civil de Bahía Blanca condenó a Cuchán a pagar una indemnización de 276.889.000 pesos argentinos a la familia de Luciana Moretti. El juez Juan Carlos Tufari, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°2, impuso el pago por daño moral, psíquico, material, pérdida de chance y gastos diversos. Sin embargo, esta sentencia aún no está firme y podría ser apelada por la defensa ante la Cámara del fuero.

¿Qué es la prescripción de la acción penal?

La prescripción es una institución jurídica que extingue la posibilidad de perseguir penalmente a una persona cuando transcurre un determinado tiempo sin que se dicte una sentencia firme. En Argentina, según el artículo 62 del Código Penal, la acción penal se prescribe cuando transcurre el máximo de la pena prevista para el delito sin que la sentencia quede consentida. En este caso, como los delitos de lesiones leves agravadas y amenazas tienen penas máximas de dos años, y el fallo no quedó firme por los recursos pendientes, el juez consideró que correspondía declarar extinguida la acción penal.

Fuentes: Infobae, TN, La Nueva.