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22/02/2026 01:05 • Politica
El conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales se intensificó tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados en la madrugada del 20 de febrero de 2026. Con 135 votos a favor y 115 en contra, el proyecto obtuvo media sanción y ahora vuelve al Senado para su tratamiento definitivo, previsto para el viernes 27 de febrero.
Ante este escenario, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a más de 100 gremios de todas las centrales obreras incluyendo ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, reclama una radicalización de las medidas de fuerza. El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, anunció que pedirán a la CGT la convocatoria a un paro general de 36 horas para cuando el Senado trate la iniciativa.
Una encuesta de la consultora Zentrix, realizada entre el 18 y 19 de febrero de 2026 sobre 493 casos válidos, reveló que el 71,9% de los consultados respalda el paro general de la CGT. De ese total, el 67,5% apoya la medida con movilización y el 4,4% sin movilización. Solo el 27,3% se mostró en desacuerdo.
El estudio también evidenció una caída en el apoyo a la reforma laboral: en noviembre de 2025, el 55% estaba a favor y el 39% en contra. Para febrero de 2026, el respaldo descendió al 48,6% mientras que el rechazo subió al 45,2%. La brecha entre apoyo y rechazo, que era de 16 puntos, se redujo a poco más de tres puntos porcentuales.
El respaldo al paro se inscribe en un contexto de deterioro del mercado laboral. Según datos oficiales, en dos años cerraron 22.000 empresas y se perdieron 300.000 puestos de trabajo. El cierre de FATE dejó 920 despedidos, un episodio que el presidente Javier Milei calificó con dureza contra el dueño de la empresa. La Universidad Torcuato Di Tella informó que existe un 99% de probabilidades de que Argentina entre en recesión en los próximos 6 meses, según su Índice Líder.
El artículo más polémico de la reforma, el 44 sobre licencias médicas, fue eliminado ante la presión de los bloques aliados. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, defendió el proyecto y negó enfáticamente que hubiera habido coimas: "Esta ley no tuvo coimas".
