La Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos una decisión clave para el futuro de la investigación que busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de una lujosa mansión en Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Carlos Mahiques deben resolver si el expediente continúa en el juzgado federal de Campana o regresa a los tribunales de lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El debate jurisdiccional no es meramente formal: según fuentes judiciales, los imputados habrían impulsado el traslado del caso hacia el juzgado federal de Campana, considerado más confiable para sus intereses. La defensa de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino logró que el expediente fuera derivado a esa jurisdicción territorial, donde está ubicada la quinta en cuestión.

La propiedad investigada es una quinta de cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, Pilar, cuya tasación preliminar arrojó un valor de aproximadamente USD 20,8 millones. Entre sus comodidades se encuentran:

Durante los allanamientos, se encontró un bolso con el nombre de Toviggino y una placa conmemorativa en su honor, elementos que reforzaron la hipótesis de que el tesorero de la AFA sería el verdadero dueño de la propiedad, pese a que formalmente aparece a nombre de terceros.

En los registros figure como propietarios de la propiedad Luciano Pantano, un monotributista, y su madre Ana Conte, una jubilada. Ambos serían los supuestos testaferros detrás de la operación.

Sin embargo, la justicia tiene serias sospechas de que ninguno de ellos podría haber adquirido semejante patrimonio con sus ingresos declarados. Durante la pandemia, Conte cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un beneficio destinado a hogares vulnerables, lo que contradice abiertamente la supuesta capacidad económica para adquirir una mansión de tal magnitud.

Además, se comprobó que los telepasses de peaje de los vehículos encontrados en la quinta se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien alguna vez fue dirigente de la entidad pero ya no ejerce funciones oficiales.

El fiscal Carlos Cearras, ante la Cámara Federal de San Martín, impulsó un recurso de queja para que el caso regrese al juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Capital Federal. Su argumento central es que en los casos de lavado de dinero, la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado, sino por el núcleo de la investigación.

"La AFA se encuentra a escasos 800 metros de la sede del tribunal penal económico, y a 82 km del juzgado federal de Campana"

El juez Adrián González Charvay, de Campana, intentó levantar la custodia policial de la quinta argumentando que los bienes ya estaban embargados. Sin embargo, el fiscal Sebastián Bringas se opuso y apeló, sosteniendo que es necesario proteger los autos de alta gama y otros bienes valiosos para evitar que desaparezcan, como ocurrió con los caballos de carrera que estaban en el lugar.

Un dato revelador surgió durante la investigación: la AFA modificó su domicilio legal en noviembre de 2024 a Mercedes 1366, Pilar. Sin embargo, ARCA (ex AFIP) comprobó que esa dirección corresponde a un terreno baldío, lo que alimentaría las sospechas de que el cambio de domicilio fue una maniobra deliberada para justificar la competencia del juzgado de Campana.

El caso cobra mayor relevancia por las conexiones personales que podrían influir en su desarrollo. Se conoce que el juez Carlos Mahiques, uno de los tres camaristas que deben decidir el destino de la causa, festejó su cumpleaños número 74 en la quinta de Pilar vinculada a Toviggino, apenas semanas antes de que estallara el escándalo. Más de 20 invitados, entre ellos jueces y fiscales, asistieron a la celebración.

Además, los hijos del juez Mahiques ocupaban cargos en la AFA y renunciaron recientemente a sus puestos. El magistrado obtuvo que el presidente Javier Milei firmara su pliego para continuar como juez más allá de los 75 años, lo que suma otra capa de complejidad a la situación.