07/03/2026 15:09 - Economia
En su primera acción oficial como titular de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), Sebastián Amerio presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar el proceso de "discovery" (etapa de exhibición y producción de documentos) en el megajuicio por la expropiación de YPF en 2012.
La presentación, realizada a través del estudio neoyorquino que representa al Estado argentino, busca suspender inmediatamente todas las diligencias probatorias mientras se resuelve la apelación de fondo contra el fallo que condenó a Argentina a pagar más de USD 18.000 millones (con intereses incluidos).
El discovery es una etapa del proceso judicial en el sistema anglosajón donde las partes pueden solicitar la exhibición de documentos, realizar deposiciones (testimonios bajo juramento) y producir pruebas. En este caso, los demandantes liderados por Burford Capital buscan acceder a información sobre el Estado argentino y sus activos para ejecutar el cobro de la condena.
Según el documento presentado, la República Argentina solicita específicamente:
El escrito argumenta que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens (argumento de que el caso debería juzgarse en otro tribunal más apropiado).
Un punto clave en la estrategia argentina es el respaldo explícito del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 26 de febrero de 2026 presentó un escrito a favor de la posición argentina. El organismo estadounidense señala que:
Además, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril sobre la apelación de la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF.
La PTN destacó que el país ha cumplido ampliamente con lo ordenado por la jueza Loretta Preska:
páginas de documentación
de testimonios
de alto rango
y 86 notas de voz
Pese a este cumplimiento, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que Argentina considera "improcedentes y desproporcionadas".
La demanda, que ya lleva más de una década cursándose en la corte de Loretta Preska en Nueva York, tuvo un fallo adverso en primera instancia en 2023, que condenó al Estado a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado "mal" la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Con intereses, la cifra ya supera los USD 18.000 millones.
Ese fallo fue apelado y, mientras la Corte de Apelaciones decide, Burford Capital (el principal beneficiario) lanzó una serie de intentos para acelerar el cobro: solicitó turnover de acciones, que el Estado sea declarado en desacato, y tratar de demostrar el alter ego (que el Estado y la empresa son "lo mismo").
Esta presentación es la primera medida de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro, cargo que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia. Santiago María Castro Videla, quien estaba al frente del organismo, pasó a ser subprocurador, sumándose a Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija en los cargos similares ya existentes.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones