El Gobierno argentino aceptó cooperar con la justicia de Nueva York y proporcionar los registros de conversaciones de exfuncionarios vinculados a la expropiación de YPF de 2012. La medida, anunciada el 29 de octubre de 2025, busca reforzar la defensa del país ante la demanda de la empresa Burford, que reclama indemnizaciones por la nacionalización.

Contexto del conflicto

En 2012, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la mayoría accionaria de YPF, la mayor compañía petrolera de Argentina. La decisión generó una larga disputa con inversores extranjeros, entre ellos la firma estadounidense Burford, que ha buscado resarcir supuestas pérdidas mediante procesos judiciales internacionales.

Cooperación judicial de Argentina

El 29 de octubre de 2025, el Poder Ejecutivo informó que el Estado aceptó entregar los chats internos de funcionarios y exfuncionarios que estuvieron involucrados en la expropiación. La entrega responde a la solicitud de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que ha puesto a prueba los argumentos de Burford en el marco del juicio que se está desarrollando.

Audiencia clave en Nueva York

El mismo día, Argentina enfrentó una audiencia decisiva en la Corte de Apelaciones de EE. UU.. Según medios locales, el tribunal evaluará la pertinencia de los registros de conversación para determinar si la expropiación respetó los tratados internacionales y si la empresa Burford tiene derecho a indemnización.

Qué se espera de los chats

Los mensajes solicitados incluyen conversaciones de correo electrónico, WhatsApp y otras plataformas de mensajería usadas entre altos cargos del Ministerio de Energía, la Dirección Nacional de Hidrocarburos y asesores externos. La información permitirá esclarecer si hubo intención política o irregularidades en la decisión de expropiar YPF.

Repercusiones económicas y políticas

El paso de Argentina para colaborar con la justicia internacional se interpreta como una estrategia para reducir la exposición a posibles multas millonarias y para mostrar disposición al diálogo. Expertos señalan que una resolución favorable podría estabilizar la confianza de inversores extranjeros y favorecer la reactivación del sector energético del país.

Próximos pasos

El Gobierno deberá compilar y entregar los archivos solicitados en los próximos días. La Corte de Apelaciones fijará una fecha para dictar su fallo, que podría sentar un precedente importante para futuros casos de expropiación en América Latina.