01/04/2026 21:09 - Internacionales
El Parlamento de Israel aprobó el 31 de marzo de 2026 una ley que amplía la aplicación de la pena de muerte para palestinos condenados por tribunales militares por atentados con resultado de muerte. La votación contó con 62 votos a favor de 120 legisladores, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del partido ultraderechista Poder Judío.
La norma establece que las ejecuciones deben realizarse en la horca dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, sin posibilidad de indulto. Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate internacional por su aplicación diferenciada: mientras los palestinos de Cisjordania pueden ser condenados a muerte por tribunales militares con mayoría simple, los israelíes juzgados bajo la misma óptica enfrentan como máximo la cadena perpetua.
La Unión Europea, el Consejo de Europa y países como Alemania, Australia, España, Nueva Zelanda expresaron su "profunda preocupación" por lo que calificaron como un "retroceso civilizatorio". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que la ley representa "un paso más hacia el apartheid en Israel".
Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, lamentó la decisión calificándola de "grave revés" y recordó que los 46 países miembros del organismo han abolido la pena de muerte. Petra Bayr, presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, advirtió que el estatus de observador de Israel "ha sido seriamente amenazado".
La Comisión Europea evalúa posibles sanciones contra ministros "extremistas" y "colonos violentos", además de una propuesta para suspender el acuerdo de asociación comercial entre la UE e Israel. Sin embargo, la imposición de sanciones requiere el consenso de todos los estados miembros.
Antes de esta ley, la pena de muerte ya existía en Israel para crímenes de lesa humanidad o contra el pueblo judío. Fue abolida en 1954 para delitos comunes en tiempos de paz.
En toda su historia, Israel solo ejecutó a dos personas:
Cientos de palestinos se manifestaron en Ramala y otras ciudades de Cisjordania bajo el lema "No a la ley de ejecución racista a prisioneros". La mayoría de los comercios permanecieron cerrados por una huelga general convocada en rechazo a la medida.
Mohammed Ali, jefe de la Comisión Superior para el Seguimiento de Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Nacional Palestina, afirmó: "Pueden hacer cualquier cosa, pero nuestro pueblo permanece firme y nunca abandonará esta tierra".
Según datos de organizaciones de derechos humanos, más de 9.500 palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes en condiciones denunciadas como "infrahumanas". Desde el 7 de octubre de 2023, 80 detenidos han fallecido durante su reclusión.
La UNRWA (agencia de la ONU para refugiados palestinos) reportó que nueve palestinos han muerto por ataques de colonos israelíes desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero de 2026.
El ministro Itamar Ben-Gvir calificó la ley como "la más importante de las últimas décadas" y aseguró que está sujeta a un "riguroso proceso judicial" que incluye "altos estándares de prueba, representación legal integral y derecho a apelar ante tribunales superiores".
La oposición israelí y grupos de derechos humanos anunciaron que presentarán una demanda ante el Tribunal Supremo. El rabino Gilad Kariv, miembro del Parlamento, declaró: "Iremos a los tribunales por esta ley inmoral, que contradice completamente nuestros valores judíos y democráticos".
Fuentes: Deutsche Welle | Infobae/Agencias
Alfredo S. Quiroga
