02/04/2026 12:06 - Internacionales
El gobierno de Irán reaccionó con una retórica confrontativa y amenazante ante la decisión del gobierno argentino de declarar "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria Islámica. A través de un comunicado oficial difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Teherán condenó enérgicamente la medida adoptada por la administración de Javier Milei.
El texto, difundido el 2 de abril de 2026, califica la acción como "ilegal e injustificada" y sostiene que se trata de "una ofensa imperdonable al pueblo iraní". Sin embargo, lo más preocupante es la advertencia directa que introduce: "Esta decisión genera responsabilidad internacional para el Estado argentino", una formulación que forma parte del repertorio diplomático habitual del régimen cuando responde a sanciones internacionales.
La Casa Rosada formalizó la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Esta medida habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas.
En el comunicado oficial argentino, el Gobierno fundamentó la decisión en base a antecedentes judiciales y de inteligencia. Allí se sostiene que "las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní".
Los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 dejaron más de 100 muertos y centenares de heridos. Esa línea de investigación ha sido sostenida por la Justicia argentina durante décadas y constituye el núcleo de la acusación estatal contra Irán. Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria, tiene pedido de captura por la Justicia argentina.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una fuerza militar élite creada tras la revolución iraní de 1979. Cuenta con aproximadamente 190.000 paramilitares y su brazo externo, la Fuerza Quds, opera en el exterior.
Designaciones previas: Estados Unidos la declaró terrorista en 2019, la Unión Europea en 2006 y Paraguay en 2025.
El comunicado iraní evita cualquier referencia a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. No menciona los hechos ni responde a los señalamientos judiciales. El silencio sobre ese punto resulta consistente con la posición histórica del régimen, que ha negado sistemáticamente cualquier responsabilidad en esos ataques.
En cambio, el texto desplaza el eje hacia una lectura geopolítica. Sostiene que la decisión argentina fue adoptada "bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos" y la vincula directamente con el contexto internacional: afirma que se produce "en simultáneo con la agresión militar" de esas potencias contra Irán.
Este conflicto marca el segundo incidente entre Irán y Argentina en 2026. El 18 de enero, Teherán ya había calificado de "inaceptable" una medida similar adoptada por la administración de Milei, que también declaró terrorista a la Fuerza Quds —el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.
En aquella oportunidad, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la decisión como "inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político".
El canciller de Israel, Gideon Sa'ar, celebró la medida en redes sociales: "Agradezco al presidente de Argentina su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista".
El canciller argentino Pablo Quirno consideró que la medida "refleja una posición firme" en defensa de la seguridad internacional. Argentina busca "alinearse a la civilización occidental mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla".
La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el RePET implica:
Teherán advirtió que esta designación podría tener repercusiones en las relaciones bilaterales y establecer un "precedente peligroso" en las relaciones entre Estados. El comunicado iraní sostiene que la decisión "viola los principios fundamentales del derecho internacional" y constituye "una intervención en los asuntos internos" de Irán, combinando la invocación a la soberanía con la denuncia de injerencia extranjera.
Alfredo S. Quiroga
