25/04/2026 15:15 - Politica
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados, estableciendo un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad patrimonial en Argentina.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó el 25 de abril de 2026 la tasación y ejecución de bienes para cubrir el decomiso de $684.000 millones de pesos fijado en la causa Vialidad, el monto más alto de la historia judicial argentina.
El tribunal dispuso que el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires continúe con el trámite según los términos de la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que aprobó el "Reglamento de efectos decomisados en causas penales".
Si los activos principales no cubren el monto del decomiso:
"La ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales."
Coincidió en que la ejecución debe alcanzar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros.
Propuso excluir del decomiso los bienes heredados por los hijos de la ex presidenta, al considerarlos ajenos al reproche penal.
Según la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, el proceso de ejecución establece:
Los magistrados deberán llevar a cabo una subasta, previa notificación a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema, indicando el comprador y las sumas obtenidas. El dinero debe depositarse en cuentas bancarias del Máximo Tribunal federal.
Bienes con valor económico y cultural pueden asignarse provisionalmente al Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal o fuerzas de seguridad. Los de utilidad inmediata para la comunidad pueden destinarse a programas de asistencia a víctimas, educación, salud o reinserción social.
Viviendas, vehículos y otros elementos recuperados quedarán bajo la órbita de la AABE, que colaborará en la subasta, puesta en valor, mantenimiento o aprovechamiento de los bienes decomisados.
Fuentes judiciales indican que el proceso podría quedar interrumpido cuando la defensa de la ex presidenta y el resto de los encausados presente un recurso extraordinario ante la Casación. Si los camaristas lo declaran inadmisible, la siguiente y última oportunidad será un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
La causa investigó la direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, con presunta participación de Lázaro Báez a través de Austral Construcciones y otras empresas. El decomiso de $684.000 millones representa el mayor recupero patrimonial ordenado por la justicia argentina en un caso de corrupción.
Fuente: Infobae
Alfredo S. Quiroga
