14/05/2026 09:07 - Politica
El martes 12 de mayo de 2026, mientras miles de personas marchaban en defensa de la universidad pública, un trámite silencioso pero determinante avanzaba en los tribunales: el expediente que definirá la suerte de la Ley de Financiamiento Universitario ingresó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— tienen ahora la potestad de resolver si obligan, o no, a la administración de Javier Milei a cumplir con la norma que garantiza fondos para las casas de estudio públicas.
Contexto: El conflicto se originó cuando el Gobierno, a través del subsecretario Alejandro Álvarez, ratificó que no ejecutaría la Ley de Financiamiento Universitario por considerar que viola la Ley de Administración Financiera. El Congreso rechazó el veto presidencial, pero el Ejecutivo decretó la suspensión de la norma.
La Corte está en condiciones de resolver, pero no tiene plazos establecidos para hacerlo. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la ley permanece suspendida y no desembolsa los fondos correspondientes.
“Hoy nuestra principal aliada es la dilación”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada según la fuente. El caso presenta una complejidad adicional: las universidades promovieron un incidente de ejecución de sentencia para acelerar la aplicación de la ley, pendiente de resolución en primera instancia.
Paralelamente al conflicto judicial, el Gobierno atraviesa una crisis de vínculos internos que paraliza la gestión y expone divergencias entre sus principales figuras.
Las tensiones entre la hermana del Presidente y la senadora se intensificaron por el reclamo pendiente de explicaciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
Bullrich presionó la semana pasada y Adorni anunció que adelantaría su declaración jurada, pero la estrategia judicial prima sobre la rendición de cuentas pública.
El estratega libertario faltó a la mesa política del martes 13 de mayo. En respuesta, el karinismo confirmó a Sebastián Pareja como titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Inteligencia.
Un gesto simbólico: la “bica de inteligencia”, que vigila fondos reservados, quedó en manos del enemigo público de los caputistas.
El jefe de Gabinete enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito desde marzo de 2026, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Nuevas revelaciones sobre un alquiler en dólares en el country Indio Cuá mientras remodelaba su casa propia sumaron presión.
Según Maia Jastreblansky de Infobae, en el entorno de Adorni se percibe cansancio: “La condena es el proceso”, repiten fuentes cercanas sobre el desgaste que genera la exposición mediática.
Un informe del interventor de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, detalló sobreprecios de hasta 1000% en compras durante la gestión de Diego Spagnuolo. Sillas de ruedas, prótesis y dispositivos médicos se pagaron hasta 20 veces más que en PAMI.
La causa, también en manos del juez Lijo, proyecta una sombra sobre Karina Milei y los Menem, ya que ANDIS depende del Ministerio de Salud que responde al sector de Santiago Caputo.
Dato clave: Adorni asumió el rol de mediador entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo, quienes no se hablan directamente.
El Decisión Administrativa 20/2026 recortó $78.768 millones en programas educativos. Sin embargo, el Gobierno reforzó créditos para el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca de ANSES y asignó $22.000 millones para equipos de computación en la Corte Suprema.
El Consejo de la Magistratura —presidido por Rosatti— obtuvo $43.500 millones para pago de sueldos. En el Poder Judicial indican que estos fondos se adeudaban desde marzo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presidido por Franco Bartolacci, advirtió que el presupuesto universitario cayó al 0,4% del PBI, el nivel más bajo desde 1989. El 60-70% de los docentes gana menos de $650.000 mensuales.
La Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo convocó a miles de personas en defensa de la educación pública, reclamando los $2,5 billones adeudados según el sector.
Alfredo S. Quiroga
