21/05/2026 18:17 - Internacionales
Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas de los últimos años. Con 47 puntos de bloqueo activos en seis de sus nueve departamentos, el país andino enfrenta una ola de protestas que se extiende por segunda semana consecutiva con demandas de renuncia presidencial y reversión de medidas económicas.
Los bloqueos se concentran principalmente en La Paz y Oruro, donde se originó el movimiento de presión, pero también se han extendido a Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas, están prácticamente cercadas con escasez de alimentos básicos como carne y pollo.
Las protestas responden a una acumulación de reclamos sectoriales:
El lunes se registró la jornada de mayor violencia en La Paz, con enfrentamientos entre tres marchas y la Policía. Los medios bolivianos reportaron ataques a oficinas públicas, una estación del teleférico, uso de material explosivo, quema de un vehículo policial y agresiones físicas a ciudadanos ajenos al conflicto.
La crisis económica boliviana tiene raíces profundas. El país terminó 2025 con una deuda pública del 95% del PIB, producto de casi dos décadas de políticas estatizantes bajo los gobiernos del MAS (2006-2019 y 2020-2025).
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Deuda pública | 95% del PIB | Históricamente alta |
| Inflación interanual (abr 2026) | 14% | Pérdida del poder adquisitivo |
| Eliminación subsidios | Dic 2025 | Precios de combustible duplicados |
| Déficit fiscal heredado | ~10% del PIB | Al asumir Paz |
El presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde el 8 de noviembre de 2025, implementó un giro económico de corte liberal para corregir los desequilibrios. La eliminación de subsidios a los combustibles fue una de sus primeras medidas, lo que generó un impacto inmediato en los sectores más vulnerables.
La guerra en Oriente Medio y el aumento internacional de precios del petróleo agravaron la situación fiscal, complicando el escenario de reformas.
El gobierno anunció un 'corredor humanitario' para permitir el paso de alimentos, combustible y medicamentos a La Paz. También derogó la ley de tierras que generó rechazo en el sector campesino.
El presidente Paz anunció una remodelación de su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para incorporar a los grupos protestantes en la toma de decisiones. Sin embargo, dejó claro que no negociará con 'vándalos'.
El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, declaró: 'No vamos a permitir que la violencia se disfrace de demanda social'.
El gobierno ha acusado al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas con el objetivo de 'romper el orden constitucional', señalando que las movilizaciones serían financiadas por el narcotráfico.
Morales, desde su bastión en el Chapare, negó los cargos: 'No hay planes macabros. Hay un país cansado de que le mientan. El gobierno protege a empresarios, banqueros y agroindustriales mientras la gente vuelve a hacer filas, endeudarse y aguantar hambre'.
El analista Pablo Deheza señala que el 'común denominador' de las protestas es que campesinos y clases trabajadoras se sienten excluidos del nuevo gobierno.
El gobierno de Paz ha recibido respaldo internacional significativo:
Las elecciones de 2025 marcaron el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Rodrigo Paz, un político de centro-derecha sin experiencia ejecutiva previa, ganó en una segunda vuelta inesperada contra el favorito Jorge Quiroga.
El MAS se presentó dividido en tres opciones (Luis Arce, Andrónico Rodríguez y la llamada a anular el voto de Evo Morales), lo que fragmentó el voto de izquierda que antes alcanzaba dos tercios del Parlamento. En las elecciones subnacionales de 2026, el MAS apenas ganó en 12 de 335 municipios y una de nueve gobernaciones.
La socióloga María Teresa Zegada caracteriza al gobierno de Paz como 'de transición': 'El nuevo gobierno carece de un partido cohesionado, una estructura de poder sólida y un lineamiento programático claro'.
La ruptura entre Paz y su vicepresidente Edmand Lara —quien se autonombró 'garante del pueblo' y ahora se ha posicionado como crítico— agregó fragilidad política. Lara declaró: 'Si tengo que salir a protestar, me sumaré a la protesta'.
Alfredo S. Quiroga
