22/06/2026 21:04 - Politica
En una maniobra política descripta como una "jugada de ajedrez", el oficialismo logró neutralizar la arremetida de la oposición contra Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. La acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR permitirá que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatan los expedientes que incluyen la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.
La sesión especial convocada para el martes 23 de junio de 2026 quedó prácticamente desactivada, ya que el objetivo de la oposición era emplazar con mayoría simple a las comisiones para que dictaminen en plazos perentorios. Con la apertura de las comisiones acordada para el 30 de junio, el oficialismo controlará los tiempos del debate sin obligación de dictaminar en plazos establecidos.
La crisis se originó por el cuestionado incremento patrimonial de Manuel Adorni, cuyo patrimonio habría pasado de $20 millones a $944 millones, representando un aumento del 775% desde que asumió como funcionario público. La oposición presentó una moción de censura que ya suma 120 de las 129 firmas necesarias, según el conocimiento verificado.
La interpelación estaba programada para el 25 de junio de 2026, pero esta estrategia dilatoria del oficialismo podría postergar cualquier definición hasta después del receso invernal y del Mundial de fútbol.
La interpelación es un mecanismo constitucional que permite a una de las Cámaras del Congreso citar a un ministro para que explique aspectos de su gestión. Si el funcionario no concurre o su explicación no satisface a la Cámara, esta puede votar una moción de censura que puede derivar en su renuncia o remoción.
El emplazamiento a comisiones es una herramienta de excepción que obliga a los cuerpos legislativos a dictaminar en tiempos determinados, algo que el oficialismo busca evitar habilitando el tratamiento en comisiones sin plazos perentorios.
Desde el PRO argumentaron que "el tratamiento en comisiones es el trámite reglamentado que debe seguir toda ley para garantizar consensos y buena redacción", recordando que el emplazamiento es una "herramienta de excepción". Fuentes de la UCR también aceptaron este camino propuesto por el bloque de Martín Menem y Cristian Ritondo.
Sin embargo, no todos los legisladores están conformes. El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó a los bloques que irónicamente denominó "Republicanos Selectivos" por ser funcionales al oficialismo para "proteger a Adorni".
"A pedido de los Republicanos Selectivos, LLA citó a Asuntos Constitucionales para la semana que viene para tratar los expedientes sobre Adorni. Traducido en argentino: El oficialismo y sus aliados protegen a Adorni, cuando lo que se debe hacer es cuidar a los argentinos de funcionarios como Adorni. Valores tergiversados."
Tras desactivar el peligro de la sesión opositora, el oficialismo recuperó el control de la agenda y convocó a una sesión especial para el miércoles 24 de junio de 2026 al mediodía. El temario incluye:
Esta estrategia permitiría al Gobierno avanzar con su agenda legislativa mientras el caso Adorni se dilata en las comisiones, donde los presidentes de bloque controlan el ritmo del debate, la cantidad de invitados y las pruebas.
Desde el bloque del PRO advirtieron que el acuerdo está condicionado: "Todo parece encaminado pero de todas formas esto está atado a que no le salga nada nuevo a Adorni. Si aparece un flipper nuevo o un juego de sábanas se cae todo. No hay margen para seguir mirando para otro lado si aparece alguna cosa más".
La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, anunciada por Javier Milei el viernes en Olivos, también forma parte de la estrategia de control de daños. Ravier, diputado nacional por La Pampa y economista liberal, discípulo de Jesús Huerta de Soto, deberá pedir licencia como legislador para asumir el cargo.
El juez Ariel Lijo tiene la causa contra Adorni, mientras que el escándalo acumula 89,3 millones de impresiones en redes sociales, con un ratio de 3,1 críticas por cada defensa del funcionario.
Alfredo S. Quiroga
