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04/11/2025 09:33 • ECONOMIA • ECONOMIA
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial el 30 de octubre de 2025, el Salario Mínimo Vital y Móvil quedó fijado en 179.032,68 pesos mensuales, lo que equivale a 1.079,44 pesos por hora para una jornada de 48 horas semanales. Este ajuste busca mitigar el impacto de la alta inflación que ha arrasado la economía argentina durante los últimos meses.
El Salario Mínimo Vital y Móvil, conocido como SMVM, es el salario mínimo legalmente establecido que garantiza un ingreso básico a los trabajadores y sus familias. Además de cubrir el costo de vida, el SMVM incorpora una parte móvil que se actualiza periódicamente en función de la evolución de los indicadores de precios y salarios.
El 30 de octubre de 2025 el Ejecutivo nacional, a través del Ministerío de Trabajo, convocó una reunión del Consejo del Salario para analizar la propuesta de nuevo SMVM. En esa instancia se presentaron los estudios macroeconómicos, los índices de inflación y el impacto sobre la capacidad de consumo de los hogares.
Posteriormente, el 3 de noviembre de 2025 se oficializó la convocatoria al Consejo del Salario mediante publicación en la página oficial del Gobierno, cumpliendo con los plazos legales que establecen la participación de representantes sindicales, patronales y del Estado.
El dirigente del Partido Justicialista, Hugo “Cachorro” Godoy, calificó la medida como insuficiente y acusó al Gobierno de intentar “desfondar toda dignidad de los trabajadores”. Por su parte, la Cámara de Diputados y el sector empresarial solicitaron mayor claridad sobre los criterios de cálculo y advirtieron sobre posibles distorsiones en el mercado laboral.
La organización sindical SUTEBA alertó sobre la falta de convocatoria previa a la reunión del Consejo del Salario y exigió explicaciones a la Ministra de Trabajo, Victoria Pettovello. El grupo impulsó una acción judicial para que se investigue la presunta irregularidad y se garantice la transparencia del proceso.
El nuevo SMVM de noviembre 2025 representa el intento del Gobierno de equilibrar la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con la realidad inflacionaria del país. El debate que se ha generado entre políticos, sindicatos y empresariado evidencia la complejidad de fijar un salario que sea justo, sostenible y acorde a la dinámica económica nacional.