Docentes y estudiantes de la Argentina convocan un paro de tres días a inicios de noviembre de 2025 para reclamar la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, señalando que la normativa aún no se aplica efectivamente en las instituciones públicas.

Contexto de la protesta

Los sindicatos docentes y los centros de estudiantes de todo el país acordaron iniciar un paro de 72 horas con el objetivo de presionar al gobierno nacional para que implemente de manera plena la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023. La norma busca garantizar recursos estables para cubrir aranceles, infraestructura y salarios en las universidades públicas.

Detalles del paro

El paro contempla la suspensión de clases, actividades académicas y eventos administrativos durante tres días consecutivos. Sin embargo, algunas facultades, como la de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, mantendrán abiertas las mesas de exámenes para evitar que los estudiantes pierdan evaluaciones importantes.

Reclamaciones de los docentes

Los profesores ratificaron su apoyo al paro en una asamblea nacional realizada a principios de noviembre, subrayando que la falta de fondos afecta la calidad de la enseñanza y la investigación. Entre sus demandas destacan la asignación inmediata de los fondos previstos por la ley y la creación de un mecanismo de seguimiento transparente.

Respuesta del Estado

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido un comunicado oficial sobre la medida. Autoridades académicas locales han pedido el diálogo, mientras que algunos gobiernos provinciales han expresado su disposición a colaborar para encontrar una solución rápida.

Impacto esperado

Se estima que la medida afectará a más de 500.000 estudiantes de grado y posgrado en todo el país. Los sindicatos advierten que, de no recibir una respuesta favorable, podrían extender la acción a nuevas fechas.

Antecedentes de la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley, sancionada en 2023, establece un presupuesto anual de 120.000 millones de pesos para la educación superior pública, destinado a reducir la carga financiera de los estudiantes y a modernizar la infraestructura de los campus. A pesar de su aprobación, la ejecución de los recursos ha sido lenta y fragmentada, lo que motivó la actual movilización.